Los vecinos se niegan a caer de rodillas ante las injusticias, los favoritismos y el abuso de las autoridades en torno a este negocio inmobiliario llamado Gran San Rafael, y aunque es obvio que existe contubernio para evitar la defensa de medio ambiente, lo que ha quedado de manifiesto por el actuar de las diversas autoridades que han intervenido, desde el municipio de Guadalajara al otorgar licencias y permisos para talar, construir; el estado para facilitar la modificación de los planes parciales de desarrollo urbano, y que decir de los representantes del poder judicial, quienes han impuesto fianzas millonarias (estratosféricas) casi inalcanzable para cualquier persona particular, tal es el caso que nos obliga a pagar un millón 800 mil pesos, a fin de frenar la construcción de dicha obra.