Según el gobierno del estado, el organismo será público descentralizado especializado e imparcial, y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, contando con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Así mismo, el proceso de selección de conciliadores fue transparente, según el Gobernador, donde el reparto de “cuotas” en Jalisco está acabado, pues prevalecieron los principios de legalidad para la elección de justicia.