El caso de los cinco jóvenes laguenses, desgraciadamente, no es una excepción ni en la región ni en el país, ni es el único en el que se hayan vistos vulnerados jóvenes estudiantes y, como consecuencia, sus familias, sus amigos y sus vecinos. ¿En qué medida las circunstancias que han permitido que persista la violencia podrán dar lugar a cambios de estrategias en el manejo y solución de los episodios desatados por estas organizaciones que el gobierno de Estados Unidos propone denominar “terroristas” para poder intervenir? ¿Servirá la amenaza de intervención como catalizador para aplicar otras medidas frente a la violencia rampante?