LA SALUD Y LA SUBSISTENCIA.

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y
Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos
de la Universidad de Guadalajara

Es lamentable percibir el escenario en que está transitando la sociedad jalisciense con motivo de la pandemia del Covid-19, enfermedad que ha causado la muerte de personas de la tercera edad, jóvenes y niños, sin distinción alguna.
El factor económico, respecto a quienes tienen los recursos suficientes para enfrentar la enfermedad, en el sector público o en el sector privado, no es el factor determinante en el resultado final del paciente, pero por lo menos les quedará el consuelo de haber hecho lo posible con los medios que tuvieron a su alcance para tratar de vencer este mal del que mucho se dice que, también la condición física es importante para lograr vencerlo.
Desafortunadamente, hay un alto porcentaje de ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la carencia de recursos en el sector salud, pues es bien sabio por todos que, aunque el gobierno se empeñe en decir lo contrario, no hay espacio suficiente para tanto paciente, número que incrementa diariamente, por lo que muchos de ellos fallecieron en sus casas, ante el vil desamparo del gobierno y sin haber alcanzado la atención médica necesaria. Posterior a ello, la familia tendrá que vivir, no sólo con la pena y el dolor, sino en el desamparo económico y médico en el que se quedan tantas familias, cuando quien fallece era el proveedor, pues como ya lo referí, no todos las familias tienen los recursos suficientes para obtener el acceso al oxígeno y con ello, aspirar a recuperarse y salir adelante para continuar en la lucha por la subsistencia.
Es necesario destacar que, aquí en nuestro estado, el alto costo de un tanque con oxígeno o de un compresor, es un factor para que, a cientos de jaliscienses se les vaya la vida sin siquiera poder luchar para superar el contagio al que se enfrentan, pero es más lamentable que nuestras autoridades no tengan la capacidad de suspender diversos gastos suntuosos, que bien pueden esperar y con esos recursos, comprar debidamente abastecidos, la cantidad necesaria de tanques de oxígeno para que, de manera gratuita y desinteresada, se hagan llegar a la población tapatía que así lo demande, tal y como ya lo hace el gobierno de la ciudad de México.
Es realmente doloroso, compartir la angustia de un familiar o, a cualquier semejante que está contagiado de covid y darnos cuenta de, cómo padecen y sufren, para finalmente perder la batalla, sólo porque no pudieron allegarse de ese elemento tan necesario, así como del resto de medicamentos previstos para tratar tal padecimiento. Ojalá que pronto el gobierno estatal reaccione y cumpla con la obligación que tiene como estado, de atender la salud de todos los gobernados en las dimensiones y la importancia que éste tema conlleva, porque el gobierno podrá decir que sí le interesa el tema de salud, pero no sea ha interesado lo suficiente para lograr resolver la problemática de fondo.
Otro de los temas que no es de interés para el gobierno es, el tema del abogado postulante, quien vive del ejercicio de la profesión y que, ya próximos a cumplir un año, con un alto porcentaje de inactividad judicial, respecto a la función jurisdiccional, aunado a que actualmente, con tantas universidades, la población profesional de derecho ha crecido muy ostensiblemente, sin ninguna medida protectora del gobierno que le garantice su bienestar jurídico, cuando menos con funcionarios electos, a través de la más alta calidad profesional y una honestidad probada, así como eficientes y eficaces en su desempeño dentro de la institución a la que sirven y para la cual debieron protestar, cumplir y hacer cumplir en todos sus términos la constitución política de nuestro país.
La Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado, debería de contar por lo menos con un fideicomiso, producto de las cédulas profesionales, a través de las cuales se permite la práctica profesional, sin ningún otro beneficio, pero cuya obtención sí conlleva un alto costo, más en estos tiempos en que la ley exige la renovación de las mismas.
Considero necesario constituir una mutualidad para el litigante independiente, a través de la cual se le garantice su bienestar y el de su familia, en caso de un deceso o la imposibilidad de obtener ingresos suficientes para su subsistencia y la de su familia, pues hoy, cierto es que la desgracia nos invade a todos, no sólo por la pandemia de salud, sino por la criminalidad, por la ineptitud de las autoridades, por la corrupción al interior de los entes públicos, dada la designación de nombramientos para funcionarios reprobados, no sólo en lo profesional, sino además en su imagen pública, lo que desde luego representa un retroceso como sociedad, pues solamente ha traído grandes beneficios a los designados, puesto que al día de hoy, quincena tras quincena, siguen recibiendo un bien remunerado e inmerecido salario, no obstante que las actividades de los órganos jurisdiccionales continúan suspendidas, beneficio económico al que el litigante independiente jamás aspirará.
Es urgente que el foro de abogados tengamos claro que si, la autoridad continúa sin atendernos como litigantes, será necesario poner manos a la obra y no sólo exigir la continuación de la administración y la impartición de justicia, sino además, constituir una mutualidad, cuya necesidad se planteó ya, desde hace muchos años, pero que hasta el día de hoy no ha logrado cristalizarse.
Compañeros abogados, hoy las circunstancias nos obligan a actuar, dejemos nuestro papel de espectadores y actuemos, porque solamente nosotros mismos, lograremos hacer algo por nosotros y por los nuestros.