MEDIDA CAUTELAR FEDERAL «AVINAGRA» EL CASO SELLO ROJO
Con la acción emitida el día 28 de Febrero, el tribunal federal dejo sin efecto todas las asambleas realizadas por Rubén Masayi, Abraham Kunio, Hilda Hiroko González Uyeda e Hilda Soledad González Sánchez, ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, lo que YA OCURRIO. El cargo de administrador único le fue removido a Rubén Masayi, se les están cancelando sus firmas y poderes y se deja sin efecto la expulsión que hicieron de dos socios de la empresa, hermanos de ellos. También, fueron revocadas sus reformas de estatutos en las que se dieron, siendo minoría, prerrogativas de mayoría, y retuvieron utilidades de los socios que no comparten su forma de proceder además de que alteraron la calidad y porcentajes de propiedad de los accionistas afectados para, como era de esperarse, hacerse de algo a lo que no tenían derecho en demérito de los demás, y todo esto lo pretendían lograr a través de medidas cautelares mercantiles ilegales, así como de medidas de protección penales logradas con acusaciones falsas y jamás probadas.
Después de 1000 días de conflicto, llega una esperanza de justicia al socio fundador de sello Rojo, José Luis González Sánchez. Un juzgado de Distrito ordenó revocar las asambleas ilegales en las que intentaban expulsar y despojar a sus hermanos y tíos. Se trata de la resolución de un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, derivado del juicio de amparo 59/2020, promovido por José Luis González Sánchez y Josefina Rodríguez García, en el que la jueza Decimotercera de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco Tatiana Elizondo Piña, concede la Suspensión.
El ordenamiento federal implica sanciones penales a los funcionarios públicos y privados que no lo acaten, según se menciona en las fracciones III y IV del Artículo 262 de la Ley de Amparo. La resolución ordena revocar las asambleas ilegales en las que se pretendía vulnerar el patrimonio y los derechos accionarios de los afectados, dando cabal cumplimiento a una suspensión definitiva otorgada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en Noviembre del 2019 y las instituciones que deben cumplirla, entre otras, el Registro Público de Comercio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAT, para desconocer las firmas y nombramientos que ilegalmente se hicieron a través de las asambleas irregulares que durante todo este tiempo han llevado a cabo los hermanos en su intención de despojo al resto de los socios.
El caso Sello Rojo no está concluido.
A pesar de que los hermanos poderosos han logrado doblegar a algunos de los otros socios, (sus propios hermanos) a base de someterlos económica, política y psicológicamente, el caso continúa su curso, y se ha hecho, con mayor eficiencia en los juzgados federales, pues en los locales, todo lo que ha sucedido ha sido en favor de los poderosos y en detrimento de los socios afectados por la ambición desmedida de los influyentes hermanos González Uyeda.
La lucha de los socios afectados no ha terminado, los tíos José Luis González y Josefina Rodríguez continúan defendiendo su patrimonio a pesar de sus 85 y 90 años de edad, junto con Roberto González Uyeda, de la ambición de sus sobrinos y hermanos. Ellos, los tíos, no pueden expresarse públicamente, porque Abraham, Hiroko y Rubén Masayi, en sus asambleas ilegales, crearon una regla que provocaría la expulsión como socios si “deshonran” a Masayi, a Abraham o a Hiroko. Por eso han permanecido callados hasta este punto.
