En marzo de 2015 la policía holandesa allana las oficinas de Uber como parte de una investigación judicial, por considerar que la empresa viola la prohibición de UberPop.
Uber es acusada en el 2015 de utilizar un “Interruptor de la muerte”, dispositivo tecnológico para evitar que el policía pueda tener acceso a sus computadoras. Se sabe que la empresa autorizó este mecanismo en Canadá, Bélgica, India, Rumania, Hungría y Holanda.
En diciembre de 2017, el Tribunal Europeo de Luxemburgo decide que Uber es una compañía de transporte y no una plataforma digital, ya que incluso ha cambiado su nombre y continúa trabajando como un servicio de turismo, limusina o empresa de transporte con licencia cuando conviene a sus intereses.
El 2017 su cofundador Travis Kalanick se ve obligado a abandonar la empresa, acusado de tolerar una cultura sexista y violenta, así como de alentar practicas directivas brutales.
En ese mismo año la justicia de Estados Unidos investiga sospechas de corrupción de la empresa en el extranjero. El responsable de la inteligencia de Uber asegura haber recibido 4.5 millones de dólares para no criticar a la compañía.
En noviembre de 2017, Uber admite que los datos de 57 millones de usuarios, clientes y choferes le habían sido “robados”, lo cual sabía desde noviembre de 2016, pero depositó 100 mil dólares al hacker que lo descubrió para guardar silencio y destruir las evidencias.
A inicios del 2018, la empresa Waymo, filial de Google, acusa a Uber de haber robado secretos tecnológicos sobre el sistema de conducción autónoma. Para resolver la demanda Uber paga a Waymo 245 millones de dólares.
En 2018, Francia condena a Uber a una multa de 400,000 euros por haber ocultado el “pirateo” a Waymo”. La empresa también debe pagar dos multas de más de un millón de euros en Países Bajos y el Reino Unido.
En agosto de 2018, Uber comete delitos fiscales en Francia, al haber pagado un año antes impuestos por 1.4 millones de euros, considerada una cantidad “microscópica” a la que debería haber pagado teniendo en cuenta su facturación real.
Esta empresa habría utilizado métodos de ingeniería financiera a fin de pagar menos impuestos no sólo en Francia sino también en otras naciones, a través de un entramado de sociedades ubicados en Holanda, Bermudas y Delaware, EU.
En 2019, Uber es procesada en Dinamarca por complicidad en actividades ilegales y debe pagar una multa de 3.3 millones de euros para evitar un juicio.
Una auditoría hecha en España revela que Uber, Cabify y Bolt podrían estar fijando precios de forma indirecta a través de su tecnología para repartirse el mercado de forma ilegal. La investigación de la firma Éticas establece a que esas prácticas tecnológicas e incluso otras como la discriminación a clientes por su renta, vulneran la Ley General de Defensa de los Consumidores de España.
En febrero de 2021 la justicia británica pone fin a cinco años de juicio y dictamina que los conductores de Uber pueden ser considerados “trabajadores” asalariados, es decir que deben tener derecho a un salario mínimo y vacaciones pagadas, lo que da paso también a que 70 mil choferes puedan ser representados por un sindicato.
En agosto de 2024, Uber es sancionada en Países Bajos con una multa récord de 324 millones de dólares por transferir datos confidenciales a Estados Unidos (licencias, documentos de identidad, datos de localización, fotos, detalles de pago y más), sin utilizar una herramienta de transferencia propia para la protección de su privacidad.
En marzo de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo por el que Uber deberá operar con una licencia administrativa que la define como un servicio de transporte como cualquier taxi, no como un servicio vinculado al comercio electrónico.
El pasado dos de septiembre, Uber fue prohibida en Alemania, ya que el tribunal de Frankfurt determinó que la firma carece del permiso legal necesario para operar bajo la legislación germana.
Los permisionarios del servicio de transporte federal de México consideran que las permanentes violaciones de Uber a las restricciones de las Zonas Federales de los aeropuertos, establecida en la ley mexicana, es un capítulo más en la lista de irregularidades con la que suelen “conducirse” algunas de las empresas relacionadas con el uso de plataformas digitales.
Estos ejemplos son una alerta para que las autoridades de nuestro país “tomen cartas en el asunto” y no permitan primero que las llamadas plataformas violen la ley mexicana, así como establecer condiciones normativas que obliguen a estas compañías a realizar una actividad de manera legal, segura y bajo condiciones de protección para sus trabajadores y especialmente para el usuario.
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