AHORRO POPULAR EN MÉXICO, UNA TRAMPA ENTRE ACUERDOS BANCARIOS Y LA 4T

Por: Redacción/ TEN/ Empresarial/ Finanzas

La promesa de una mayor inclusión financiera en México, impulsada por la Cuarta Transformación (4T) y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enfrenta una oscura realidad: las políticas y regulaciones, si bien buscan estabilidad y transparencia, están acorralando y precarizando el ahorro de las personas con menor poder adquisitivo, cuya única opción, a menudo, son las Cajas de Ahorro Popular.

En México, las cajas de ahorro pueden ser laborales (un beneficio de empresa para empleados) o privadas (instituciones financieras independientes). Ambas están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y fomentan el ahorro, aunque operan de manera diferente. Las cajas laborales retienen una parte del salario y la entregan al final del año con intereses, mientras que las privadas son opciones abiertas al público con distintas políticas de interés y comisiones.

Caja de ahorro laboral:

Es una prestación ofrecida por algunas empresas a sus empleados.

Funciona mediante retenciones automáticas del salario, las cuales se destinan a un fondo común.

La empresa deposita sus aportaciones y, al final del periodo (generalmente fin de año), entrega el total ahorrado más los intereses generados.

Caja de ahorro privada:

Es una institución financiera independiente, a menudo una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP).

Cualquier persona puede abrir una cuenta de ahorro con ellas, sin necesidad de estar afiliado a una empresa.

Ofrecen servicios similares a los bancos, pero suelen tener costos operativos más bajos, lo que puede traducirse en mejores tasas de interés.

Regulación y seguridad

Las cajas de ahorro están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y supervisadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las cajas autorizadas tienen el respaldo del Fondo de Supervisión de Riesgos del Sector Financiero para proteger los ahorros de sus socios.

El Ahorro Popular Bajo la Lupa: Confianza en Crisis

El sector de Ahorro y Crédito Popular (SACP), compuesto por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), ha sido históricamente la puerta de entrada a servicios financieros para millones de mexicanos excluidos de la banca tradicional. Sin embargo, en los últimos años, un endurecimiento de la fiscalización y la trazabilidad de recursos ha erosionado la confianza de los usuarios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la excusa de intensificar la supervisión para evitar el lavado de dinero y garantizar la solidez del sistema, así como el discurso de proteger a los ahorradores (cuyos depósitos están asegurados hasta por 25 mil UDIS, aproximadamente $190,000 MXN), la aplicación de estas normas se percibe como una barrera burocrática y una amenaza a la privacidad para el pequeño ahorrador.

«El proceso de ‘formalización’ y auditoría constante no se siente como protección, sino como vigilancia. Prefiero guardar mi dinero en casa, donde sé que es mío y no tengo que dar explicaciones de cada peso que me manda mi hijo,» — María G., comerciante de San Juan Bosco y ex socia de una caja popular.

El Cerco a las Remesas y la Trazabilidad Obligatoria

Uno de los golpes más directos al ahorro popular proviene de la rastreabilidad estricta de los recursos provenientes del extranjero, principalmente las remesas. Millones de familias dependen de estos envíos (que alcanzaron récords históricos en la 4T) y muchas cajas populares se han convertido en el principal punto de recepción, dada su cercanía con las comunidades rurales y de bajos ingresos.

• Aumento de la Vigilancia: Los grandes bancos y las corporaciones de transferencia de dinero, bajo presión regulatoria global y local (CNBV), aplican protocolos de ‘Conoce a tu Cliente’ (KYC) y de trazabilidad cada vez más rigurosos.
• Efecto de Exclusión: Estas medidas, diseñadas para combatir flujos ilícitos, impactan desproporcionadamente a los receptores honestos, quienes carecen de la documentación o la formalidad requerida, obligándolos a recurrir a canales menos seguros o a mantener sus ahorros fuera del sistema formal.

La «Guerra» Contra el Comercio Informal: Acorralando al Pequeño Capital

El Gobierno de la 4T ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el combate al denominado comercio informal una bandera. Este sector, que representa una parte sustancial de la economía y el empleo en México, depende en gran medida del manejo de efectivo y de un flujo de capital que opera al margen de la fiscalización.

Las políticas que buscan forzar la formalización y la bancarización a través de la CNBV y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen un efecto secundario no deseado:

1. Imposibilidad de Ahorro Formal: Los ingresos generados en la informalidad no pueden ser depositados fácilmente en cuentas formales (incluyendo cajas populares) sin levantar alertas y enfrentar posibles requerimientos fiscales.
2. Precariedad Acentuada: Al limitar la opción del ahorro formal, se perpetúa el uso de métodos informales (tandas, guardado bajo el colchón) que son inherentemente inseguros y no generan rendimientos, precarizando el capital de las personas al no permitirles acceder a los beneficios y seguridades del sistema regulado.

La Bancarización Selectiva

Mientras la banca tradicional y los grandes corporativos, a menudo, gozan de recursos legales y lobby para sortear la complejidad regulatoria, el SACP se enfrenta a una costosa carga administrativa que debe transferir a sus socios. El resultado es un sistema que:

• Favorece al Grande: Los grandes bancos, que impulsan la digitalización y el acceso a productos de crédito más complejos, se benefician de un mercado donde la opción más simple y local (la caja popular) se vuelve cada vez más difícil de operar y menos atractiva por la excesiva fiscalización.
• Penaliza al Pobre: Las regulaciones, aunque bien intencionadas, actúan como un impuesto invisible sobre el ahorro de los más vulnerables, dificultando su capacidad para generar riqueza o para proteger su pequeño patrimonio de manera segura y transparente.

La paradoja es cruel: las políticas diseñadas para proteger la estabilidad financiera y combatir ilícitos terminan empujando a los ciudadanos más pobres fuera del sistema que prometían incluir, dejando su ahorro más precario y vulnerable que nunca.

El envío de remesas es vital para millones de familias en México. El costo total de una remesa no solo se mide por la comisión de envío, sino, crucialmente, por el tipo de cambio ofrecido al beneficiario, ya que es la variable que más impacta la cantidad final de pesos recibidos.

A continuación, se presenta un análisis general sobre cómo se comparan las Cajas de Ahorro Popular (SOCAP/SOFIPO) y la Banca Tradicional en este servicio esencial:

El principal factor de «precariedad» financiera en la recepción de remesas no es la comisión de recepción, sino el tipo de cambio aplicado.

• Banca Tradicional: La banca usa la remesa como una fuente de ingresos importante. Al aplicar un tipo de cambio bajo (es decir, compran los dólares a un precio inferior al del mercado), se quedan con una tajada del envío. Esta diferencia, multiplicada por los más de $60 mil millones de dólares anuales en remesas, es una pérdida monumental para el bolsillo del ahorrador de bajo poder adquisitivo.
  • Ejemplo: Si el dólar interbancario es $18.50 MXN, un banco podría pagar $18.00 MXN.
• Ahorro Popular (General): Las Cajas de Ahorro (y el mecanismo Directo a México promovido por Banxico) suelen tener tipos de cambio más favorables o, en el caso de las cajas, actuar con márgenes más estrechos dado su enfoque social y no puramente lucrativo.

Las Cajas de Ahorro Popular son, en la práctica, la opción más beneficiosa para las personas con bajo poder adquisitivo que reciben remesas, porque:

1. Maximizan el Valor del Dinero: Al ofrecer un mejor tipo de cambio, el beneficiario recibe más pesos mexicanos por sus dólares.
2. Facilitan el Acceso: Están ubicadas donde la banca no llega.
3. Fomentan el Ahorro Local: La recepción de la remesa en la caja puede ser el inicio de un hábito de ahorro e inclusión financiera real, aunque esté bajo la constante vigilancia regulatoria (como se discutió en la nota de investigación).

Profundizando en el mecanismo de precariedad, el punto de mayor fricción entre la regulación, el sistema financiero popular y el ahorrador de bajo poder adquisitivo es el límite de depósitos impuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo el esquema de «Cuentas Niveladas».

Estas reglas, si bien están diseñadas para la prevención de lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo, actúan como un «tope invisible» que impide que los ahorradores con ingresos en efectivo (como los comerciantes informales o receptores de remesas) puedan crecer su patrimonio dentro del sistema regulado.

Las Cajas de Ahorro Popular (SOCAP) y las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) suelen ofrecer a sus socios cuentas de Nivel 2, que son fáciles de abrir con requisitos mínimos (casi siempre solo una identificación oficial y comprobante de domicilio), ideales para la población sin historial crediticio o documentación fiscal formal.

Sin embargo, estas cuentas tienen una restricción crítica:

Nota: Un UDI equivale aproximadamente a $8.11 MXN (dato referencial para Noviembre 2025). Los límites son en UDIS, por lo que el monto en pesos varía ligeramente con la inflación.

La Remesa y el Límite Mensual: La Perfecta Trampa

El límite de 3,000 UDIS es el principal obstáculo para el ahorro de bajo ingreso, especialmente en el contexto de las remesas y la informalidad:

1. Remesas Recurrentes: Una familia que recibe un monto promedio de remesa (alrededor de $400 USD, equivalentes a $7,000-$7,500 MXN) de manera semanal o quincenal, alcanzará el límite de $24,000 MXN en apenas tres o cuatro depósitos al mes. Una vez alcanzado el tope, la caja o banco está obligada por la CNBV a rechazar cualquier depósito adicional durante ese mes.
2. Afectación al Comercio Informal: Un pequeño comerciante que genera ventas en efectivo y deposita periódicamente sus ganancias para resguardarlas, encuentra este límite rápidamente agotado. Si su negocio genera ingresos superiores a los 24,000 pesos mensuales y desea formalizar una parte de su ahorro, se ve forzado a:
   • Abrir una cuenta Nivel 3 o 4 (formal): Lo cual requiere documentación fiscal (RFC) y cumplir con requisitos estrictos de «Conoce a tu Cliente» (KYC), algo que el comerciante informal no puede cumplir o teme que lo exponga al SAT.
   • Recurrir al efectivo: Mantener el excedente fuera del sistema regulado, eliminando la posibilidad de generar intereses, acceder a créditos formales y exponiendo el dinero a la inseguridad.

La Sombra del SAT: El Reporte de $15,000.00 MXN

A este cerco regulatorio de la CNBV, se suma la obligación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que exige a todas las instituciones financieras (bancos y cajas) reportar anualmente los depósitos en efectivo (en ventanilla o cajero) que superen un monto acumulado de $15,000 MXN en el mes, por contribuyente.

• Diferencia Crucial: Es vital entender que el SAT no cobra impuestos sobre el depósito per se (el Impuesto a los Depósitos en Efectivo o IDE fue derogado en 2014), pero la notificación bancaria al SAT sí activa una señal de alerta.
• Miedo a la Fiscalización: Para el ahorrador de bajos ingresos o el comerciante informal, ver un límite de CNBV de $24,000 MXN y un límite de reporte del SAT de $15,000 MXN genera un miedo paralizante. El usuario percibe que depositar dinero, incluso el lícito proveniente de su remesa o trabajo, es un riesgo de ser requerido por el SAT para justificar sus ingresos.

El Resultado: Precariedad Forzada

El sistema, diseñado para la inclusión y seguridad, termina actuando de la siguiente manera:

1. El Ahorro No Crece: El pequeño ahorrador es limitado al Nivel 2, obligándolo a mantener su capital excedente fuera del sistema ($10,000 MXN, $20,000 MXN, etc.), donde no genera intereses ni está protegido por el seguro de depósito (Fondo de Protección en el caso de las SOFIPO/SOCAP, limitado a 25,000 UDIS).
2. Se Fomenta la Informalidad: El miedo al reporte del SAT y la dificultad burocrática para abrir una cuenta Nivel 3 incentivan a mantener el capital en efectivo y fuera de la formalidad, haciendo la «guerra contra el comercio informal» contraproducente.
3. Dificultad de Traspaso: El paso de una cuenta Nivel 2 a una Nivel 3 (o superior), que eliminaría los límites, es un proceso engorroso que exige la formalización fiscal (obtener RFC, presentar comprobantes de ingresos) que esta población está, por definición, tratando de evitar o no puede cumplir.

El sistema de cuentas niveladas se convierte así en una estructura que institucionaliza la exclusión financiera para la población de bajos ingresos que opera en la economía de efectivo, negándoles la oportunidad de crecer más allá de un umbral de $24,000 MXN al mes.