AUTORIDADES OMISAS OPERAN CONTRA RESOLUCIÓN LABORAL
“Denuncian penalmente a magistrados y contralores laborales de Jalisco por desacato entre autoridades por caso de Valle de Juárez, Jalisco”
Por: Redacción/ TEN/ Región
Trabajadores y ex colaboradores del Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, (un municipio ubicado a dos horas y media de Guadalajara y colindante con el vecino estado de Michoacán), presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado en contra de los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón estatal, así como contra los integrantes del Comité del Órgano Interno de Control y su Contraloría Interna, señalándolos por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, así como desobediencia, previstos en el Código Penal para el Estado de Jalisco.
La acción legal, promovida a través de la representación jurídica de los afectados, deriva del incumplimiento sistemático en la ejecución de las sentencias y ejecutorias de amparo dictadas a favor de las y los trabajadores. A pesar de contar con laudos laborales ya ganados e inamovibles tras un litigio que se ha prolongado por más de 10 años y 6 meses, las autoridades señaladas han omitido hacer cumplir las planillas de liquidación y forzar el pago de salarios caídos e indemnizaciones adeudadas por el municipio de Valle de Juárez.
Según consta en el acuse oficial expedido por la Oficialía de Partes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ubicado en la capital jalisciense.
Los hechos quedaron asentados bajo la Carpeta de Investigación 1038/2026, radicada en la Agencia número 10.
De manera paralela, bajo la Carpeta de Investigación 1039/2026, se formalizó la querella en contra de las autoridades del Órgano Interno de Control del propio Tribunal, a quienes se les acusa de negligencia y omisión por haber desechado de plano las quejas administrativas y recursos interpuestos por la representación de los trabajadores para sancionar el actuar indebido de los magistrados.
Los denunciantes refieren que se viola flagrantemente el derecho fundamental a una justicia pronta y expedita, al dejar inoperantes las sentencias emitidas por juzgados de distrito en materia de trabajo, lo que reviste una gravedad mayor al tratarse de delitos perseguibles de oficio que vulneran directamente los derechos de las víctimas garantizados por la ley.
Ante esta situación, las y los afectados exigen la intervención del Ministerio Público para que integre las investigaciones correspondientes, se recaben las pruebas pertinentes y se impongan las sanciones penales y administrativas por omisión, a los servidores públicos.
