Denuncian caso de injusticia y corrupción en Nayarit

“Acusan presunta red de corrupción, tráfico de influencia y privación ilegal de la libertad en el caso de Yazmín Romo tras conflicto civil de casi una década, los familiares hacen un llamado urgente para que se haga justicia, ya que existe controversia en la aplicación de la Ley, mientras que en Jalisco todo se resolvía a favor de ella, en Nayarit todo fue puesto en su contra”.

Por: Redacción/ TEN/ Región

A casi ocho meses de haber sido trasladada de manera irregular e incomunicada desde el estado de Jalisco hacia el penal de Tepic, Nayarit, la familia de Yazmín Aziyade Romo Piñera, encabezada por su madre Laura Piñera Solter, su esposo el médico Ignacio Martínez Hernández, y el líder del colectivo Tejedores de Nayarit, Isaac Cárdenas Chakin, denunciaron públicamente en rueda de prensa lo que califican como un sistemático atropello a sus derechos humanos y una flagrante violaciones al debido proceso orquestado por su exesposo, quien presuntamente mantiene fuertes nexos con políticos vinculados a Morena.

El conflicto legal inició formalmente el 21 de agosto de 2017, fecha en la que Yazmín y su exesposo celebraron ante notario público un Convenio Base para la Liquidación de la Sociedad Conyugal, tras la decisión de separarse. En dicho documento se estipuló que la propiedad de diversos bienes inmuebles y empresas pasaba a nombre de Yazmín, entre ellos el departamento E-205 ubicado en la zona de Bahía de Banderas, Nayarit. A pesar de haber sido firmado de forma libre y voluntaria, meses después su expareja Abel Manuel Lanzarín Roldán intentó echar abajo la separación de bienes argumentando una supuesta invalidez.

A partir de 2018 y durante casi una década, el exmarido promovió una constante cadena de litigios y juicios en materia familiar y civil ante juzgados de Jalisco para rescindir el convenio. Sin embargo, juzgados de distrito, salas del Supremo Tribunal de Justicia y tribunales colegiados desestimaron de manera reiterada sus recursos, declarando el convenio como cosa juzgada y ratificando que la legítima propiedad de los inmuebles correspondía a Yazmín. Ante los fallos adversos en los tribunales civiles, la parte acusadora recurrió a la vía penal para presionar y revocar los acuerdos.

En Jalisco, se le inició un proceso penal derivado de una denuncia por fraude relacionada con la vivienda que habitaba en Guadalajara, obligándola a acudir cada dos semanas a firmar en los juzgados de Puente Grande. Cumpliendo de forma puntual con esta medida cautelar, fue precisamente al acudirse a firmar a Puente Grande cuando Yazmín fue interceptada de manera irregular por oficiales masculinos, trasladada en vehículos sin la debida notificación a sus familiares y entregada a las autoridades de Nayarit.

Actualmente en el estado de Nayarit se le abrió un proceso penal bajo la imputación de un supuesto fraude específico por un contrato de promesa de compraventa, pretendiendo señalar falsamente que el departamento en Bahía de Banderas pertenecía en un 50% a ambas partes.

La defensa y los familiares señalaron una grave serie de arbitrariedades jurídicas cometidas en la audiencia inicial del 9 de febrero de 2026, donde el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada bajo el débil argumento de no ser originaria ni tener arraigo demostrable en Nayarit, desestimando las pruebas presentadas e impidiendo el debate de medidas cautelares. Además, remarcaron que el supuesto delito de 2019 ya se encuentra legalmente prescripto desde abril de 2024, excediendo el plazo máximo de cinco años contemplado por la ley.

Familiares manifestaron que esta situación obedece a presuntas influencias de poder, ya que el ex marido se ha visto involucrado en negocios millonarios en la actual administración federal y es posible un tráfico de influencia política en los altos mandos gubernamentales en diversos niveles (Estatal, Federal y municipal) y la Fiscalía de Nayarit.

Ante este escenario, Tejedores de Nayarit respaldó la exigencia de libertad inmediata, catalogando el caso como un patrón recurrente de fabricación de delitos y corrupción judicial para transformar un proceso meramente civil en uno penal.

Como parte de las acciones para exigir justicia y romper el cerco de impunidad, familiares y activistas convocaron a una manifestación pacifica frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para solicitar su intervención urgente.

Finalmente, este miércoles se llevará a cabo una velada (plantón) a las puertas de la CEDHJ en donde se manifestarán familiares y amigos en apoyo a Yazmín y pronta justicia.