El expediente que faltó en la historia de La Jornada
*La polémica de Ricardo León Caraveo en el TFJA tiene otra cara: la productividad de su ponencia, las ausencias registradas y las consecuencias para la justicia en Jalisco*
Una historia puede cambiar considerablemente dependiendo de dónde se comience a contar. Y la publicada el pasado 18 de octubre por La Jornada, sobre el magistrado Ricardo León Caraveo, deja fuera una parte esencial para comprender lo ocurrido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La nota presenta a un magistrado que denuncia corrupción, falsificación de sentencias y represalias institucionales. Son acusaciones graves que deben investigarse. Pero hay una pregunta que cualquier lector podría hacerse: ¿qué dicen los documentos oficiales sobre el desempeño del propio denunciante?
El acuerdo G/JGA/24/2025 de la Junta de Gobierno y Administración contiene información que merecía un lugar destacado en esa historia.
En enero de 2024, la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente tenía 694 expedientes. Para junio de 2025 registraba 1,011. Es decir, 317 asuntos adicionales en su inventario.
La comparación con las otras dos ponencias resulta igualmente significativa. En el mismo periodo, sus inventarios aumentaron en 75 y 37 expedientes, respectivamente.
Pero quizá el dato más llamativo corresponde a abril de 2025: mientras las otras dos ponencias registraron 37 y 40 sentencias en la vía ordinaria, la encabezada por Caraveo registró solamente un proyecto, correspondiente a un cumplimiento de ejecutoria. Son cifras oficiales, no declaraciones de sus adversarios.
El acuerdo también documentó 42 días hábiles de ausencia respecto de los cuales la Junta señaló que no había recibido justificación. Caraveo sostiene que contaba con licencias médicas. Precisamente por ello, corresponde examinar las constancias originales y determinar qué conocía la autoridad al adoptar sus decisiones.
La diferencia es fundamental: una ausencia médicamente justificada no puede equipararse a una falta injustificada. Pero tampoco una explicación posterior elimina, sin más, la necesidad de aclarar las cifras de productividad y el estado de los expedientes.
Hay otro episodio concreto.
La Junta consignó un retraso relacionado con la firma de una sentencia que debía cumplir una ejecutoria de amparo. No se trataba de una simple discusión entre compañeros, sino de un asunto sometido a un plazo impuesto por un órgano del Poder Judicial de la Federación.
Y aquí aparece la cuestión central que la entrevista de La Jornada no desarrolla suficientemente.
Caraveo afirma que se falsificaron más de 120 sentencias. Sin embargo, una resolución aprobada por mayoría no constituye, por ese solo hecho, una falsificación. Para sostener semejante acusación debe identificarse la alteración concreta de documentos, la irregularidad en cada actuación y la responsabilidad individual de quienes intervinieron.
Tampoco basta señalar que no existen videograbaciones para concluir que jamás se celebraron sesiones.
La celebración, documentación y publicidad de las sesiones son cuestiones que deben analizarse conforme a las normas aplicables.
Mientras tanto, la controversia se ha extendido a distintas autoridades del Tribunal. Caraveo ha formulado señalamientos contra integrantes de la Junta de Gobierno, presidentes de distintas administraciones y compañeros magistrados.
En Jalisco tuvo diferencias con más de una integración de la Sala y posteriormente continuaron las controversias en Tabasco.
Nada de ello demuestra automáticamente que sus denuncias sean falsas. Pero tampoco permite ignorar las actuaciones oficiales que cuestionaron su desempeño.
Hay además un aspecto que merece mayor atención periodística: la experiencia de los litigantes de Jalisco. Los pronunciamientos de colegios y asociaciones de abogados, así como las quejas que puedan documentarse, permitirían conocer si los problemas de funcionamiento se tradujeron en afectaciones concretas para quienes esperaban una resolución.
Porque detrás de los números hay contribuyentes, empresas, trabajadores y ciudadanos cuyos asuntos no deberían quedar atrapados en conflictos institucionales.
La nota de La Jornada también vincula las actuaciones contra Caraveo con sus denuncias de corrupción. Sin embargo, una relación temporal no demuestra necesariamente una represalia. Para establecerla habría que reconstruir cuándo comenzaron los problemas de funcionamiento, qué informes se presentaron, qué actuaciones realizó la Junta y cuándo fueron formuladas las denuncias.
El acuerdo institucional existe, contiene datos específicos y expone las razones de la decisión de traslado. Su legalidad puede discutirse, pero su contenido no debería desaparecer del relato periodístico.
La defensa pública de Caraveo tiene derecho a ser escuchada. También las personas a quienes acusa. Y, sobre todo, merecen atención los registros del Tribunal y las consecuencias que pudieron tener las controversias para los justiciables.
En esta historia no basta preguntar quién denunció a quién. Hace falta saber cuántos asuntos se resolvieron, cuáles quedaron pendientes, qué ausencias estuvieron justificadas, qué proyectos fueron sometidos a votación y qué obligaciones correspondían a cada magistrado.
Porque una entrevista puede contar la versión de su protagonista.
*Pero para conocer lo que realmente ocurrió en la justicia administrativa de Jalisco, también hay que abrir los expedientes*
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