Albergue para menores embarazadas o “granjas de bebés”, Legisladores piden investigar a fondo

Por: Redacción/ TEN/ Región

La fuga de tres jovencitas menores de edad, dos de ellas en estado de gestación, de un albergue privado operado por la asociación civil Vida y Familia (VIFAC) en el municipio de Zapopan, ha encendido las alertas sobre las condiciones de operación de estos centros y la opacidad institucional en el resguardo de la infancia vulnerable.

El caso adquiere tintes contrastantes en el municipio cuyo eslogan oficial reza «La ciudad de los niños y las niñas», mientras que el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, se ha mantenido en un hermético silencio sin emitir ningún posicionamiento en torno a este delicado acontecimiento.

La falta de supervisión y el historial de esta institución han puesto nuevamente bajo el escrutinio público a lo que activistas y defensores de derechos humanos califican de manera crítica como una presunta «granja de bebés».

A decir del diputado presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado de Jalisco, José Aurelio Fonseca Olivares, reconoció que las autoridades tenían conocimiento previo de esta situación debido a que se han registrado múltiples reportes con la misma institución a lo largo de los años. Al ser cuestionado sobre los hechos, el legislador expresó que no contaba con el detalle específico del suceso reciente, pero celebró que se le pusiera sobre la mesa, comprometiéndose a emprender acciones inmediatas. «Yo estaré al pendiente y ya con este conocimiento nos pondremos a trabajar cada uno de estos y no nada más en esa institución, estaremos al pendiente para el trabajo de los otros y en el cuidado. Yo creo que algo de lo importante es el cuidado del derecho de los niños y el cuidado y que estén en óptimas condiciones y eso todo lo que estás comentando sobre el tema de los niños de que están llegan a estar embarazadas y ese cuidado, hay una responsabilidad y corresponsabilidad y puede haber sanciones penales en esto que ocurre. Eh, yo estaré al pendiente, lo tendré ahorita a la mano y empezaremos a trabajar en ese tema y lo veremos desde el tema también de derechos humanos, que es algo importantísimo para las niñas», declaró Fonseca Olivares.

Ante el evidente desconocimiento inicial mostrado por algunos funcionarios frente a problemáticas de esta magnitud, el diputado integrante de la comisión de Asistencia social, familia y niñez, Leonardo Almaguer Castañeda, planea solicitar la comparecencia de los responsables a través de la Comisión de Familia y Niñez y ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.

Asimismo, los legisladores exigen una revisión exhaustiva de los protocolos de adopción, la excesiva burocracia en los albergues y la persistente falta de transparencia institucional sobre las condiciones reales de vida de los menores internos.

Para esclarecer a fondo la situación, se propone realizar una visita de inspección formal en las instalaciones del albergue con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, enfatizando que este problema dista de ser reciente, conlleva probables sanciones penales y exige garantizar de manera categórica la protección de los derechos de la infancia.

VIFAC (Vida y Familia A.C.) es una asociación civil e Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) mexicana fundada con el objetivo oficial de brindar apoyo integral, alojamiento y capacitación gratuita a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o desamparo, ofreciendo alternativas de desarrollo personal, atención médica, psicológica, talleres laborales y orientación legal en caso de optar por la adopción. Legalmente, el acta constitutiva de una organización de esta naturaleza opera bajo un instrumento notarial privado, pero sus fundadoras y rostros clave asentados desde sus inicios en la Ciudad de México son María Guadalupe «Marilú» Mariscal de Vilchis —ideóloga del proyecto tras identificar la desprotección de mujeres embarazadas durante su labor como enfermera—, Graciela Sodi de Velasco como cofundadora que impulsó el arranque formal en Ciudad Satélite, Estado de México, además de una red de socios y patronatos regionales. Con su expansión nacional, cada sede cuenta con su propio consejo local; en Jalisco, la figura jurídica ha sido coordinada históricamente por personalidades de la región, destacando en años recientes Carmen Lucía Covarrubias como presidenta del Consejo de Vida y Familia de Guadalajara A.C. y Lucía del Carmen Suárez Méndez como directora de la sede. A nivel nacional, la organización opera desde hace 41 años tras su fundación formal el 31 de enero de 1985, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara se ha mantenido activa durante 30 años desde la constitución e inicio de funciones de su filial local en junio de 1996.

Sin embargo, el historial de la organización arrastra señalamientos severos en diversos periodos. En el plano histórico y antecedentes nacionales, la institución ha enfrentado cuestionamientos y denuncias públicas por captar a mujeres de bajos recursos o bajo nivel educativo a cambio de compensaciones económicas o materiales, con el fin de convencerlas de ceder las tutorías legales de sus bebés; aunque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) emitió resoluciones sobre el caso en el pasado, activistas y senadores denunciaron en su momento opacidad institucional y congelamiento de las indagatorias para deslindar culpabilidades.

En la misma línea, organizaciones civiles de derechos humanos como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y monitores de alertas regionales han denunciado reiteradamente que VIFAC opera bajo una agenda ideológica rígida que vulnera los derechos reproductivos de las mujeres. Ex terapeutas y usuarias han documentado la existencia de un discurso manipulativo caracterizado por violencia psicológica y revictimización contra mujeres que sufrieron agresiones sexuales, a quienes se suele culpar de su situación y se les proporciona información falsa o sesgada sobre los riesgos médicos del aborto para obstaculizar su acceso a la interrupción legal del embarazo. Asimismo, diversas auditorías e informes sociales han acusado que, bajo la promesa de brindar talleres laborales, las internas son sometidas obligatoriamente a jornadas extensas de adoctrinamiento religioso, rezos y confinamiento emocional, lo que limita severamente su contacto exterior y su libre albedrío.

Aunado a lo anterior, la organización ha sido señalada recurrentemente por ejercer una sutil pero constante presión psicológica sobre madres solteras en situación de desamparo, orillándolas a percibir la entrega de sus hijos como un «acto de redención» o como la única salida viable frente a su precaria condición socioeconómica, presentándoles la maternidad bajo su contexto como un escenario imposible. Por su parte, la institución siempre ha negado categóricamente estas prácticas, asegurando que los procesos de adopción se efectúan de manera estrictamente gratuita, voluntaria y regulada, y atribuyendo las acusaciones sobre presunto tráfico o retención de infantes a campañas de difamación en redes sociales. No obstante, incidentes recientes como el de Zapopan continúan colocando bajo el escrutinio público la rigidez, el hermetismo y las condiciones internas, entre muchas irregularidades que imperan en estos albergues.