Periodismo sin miedo, ONU y Unión Europea escuchan al gremio en Guadalajara
Por: Redacción/ TEN/ Orbe
La urgente necesidad de garantizar el derecho a la información y salvaguardar la integridad de quienes ejercen profesionalmente el ejercicio periodístico en entornos hostiles congregó a especialistas internacionales, organismos multilaterales, académicos y autoridades en la capital de Jalisco, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Organizado por la Sección del Parlamento Europeo para América Latina y el Caribe en el marco de la primera Cumbre de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria (ALCAP), el foro titulado «Periodismo sin miedo: Combatiendo la impunidad de los crímenes contra periodistas» partió de una premisa irrenunciable, la libertad de expresión no constituye un privilegio gremial, sino la columna vertebral de cualquier sistema democrático que aspire a la justicia y a la rendición de cuentas.
Desde la perspectiva de las instancias internacionales, encabezadas por Jesús Moreno Díaz, representante de la Sección del Parlamento Europeo para América Latina y el Caribe, y Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, el ejercicio periodístico en territorio mexicano atraviesa una crisis estructural marcada por amenazas, agresiones letales e impunidad persistente.

Entrevistado, Jesús Moreno Díaz subrayó que la libertad de prensa e información son valores fundamentales para Europa, motivo por el cual la Unión Europea ha desarrollado avanzados marcos regulatorios para blindar la labor informativa.
Entre estas herramientas destacó la directiva anti-SLAPP, diseñada para frenar las demandas judiciales abusivas que buscan intimidar y silenciar a los comunicadores, así como normativas estrictas que protegen el secreto profesional y prohíben obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. Asimismo, detalló la existencia de mecanismos europeos de monitoreo destinados a detectar y contrarrestar narrativas de desinformación impulsadas por actores externos, advirtiendo sobre el riesgo de que medios fiables reproduzcan contenidos falsos por desconocimiento.
En torno a los desafíos tecnológicos contemporáneos y el impacto de la inteligencia artificial en la credibilidad informativa, Moreno Díaz precisó que la legislación europea establece dos reglas innegociables: la obligatoriedad de que toda herramienta de inteligencia artificial identifique las fuentes de sus datos para detectar posibles alucinaciones algorítmicas, y el etiquetado explícito de cualquier contenido audiovisual generado artificialmente.
Esta medida busca evitar que los ciudadanos de buena fe sean engañados mediante manipulaciones digitales o deepfakes, especialmente en contextos electorales donde se suplanta la voz o la imagen de figuras públicas.
Respecto a la situación política y las reformas que inciden en el periodismo mexicano, el representante europeo señaló que su misión actúa con pleno respeto a la soberanía nacional, apostando por un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad y las instituciones para compartir buenas prácticas que puedan fortalecer el ecosistema informativo local.
El encuentro contó con la participación de figuras como Samuel Adrián Muñoz y Luis Gerardo Del Giovannino, presidente y secretario general (respectivamente) de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria (ALCAP), entre otros invitados especiales. 
En el primer bloque temático, moderado por la periodista e investigadora colombiana Lina María Peña, directora del medio digital El Artículo y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Prensa Independiente (AIPICOL), se evidenció cómo la persecución y el perfilamiento obligan al desplazamiento forzado de comunicadores en América Latina. Al tomar la palabra, el Dr. Alan Iram Paz Arellano, subdirector del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, explicó el origen del organismo tras la crisis de violencia iniciada hace más de una década y recalcó que la salvaguarda de los comunicadores es un fenómeno multifactorial. Señaló que las 32 entidades federativas y los municipios deben asumir su responsabilidad constitucional desde lo local, evitando fragmentar la atención o delegar toda la carga operativa únicamente en la instancia federal.
Por su parte, Augusto Chacón Benavides, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, ofreció una lectura crítica al señalar que la existencia de mecanismos extraordinarios de protección representa, en el fondo, una claudicación del Estado frente a su incapacidad para garantizar la seguridad general y el estado de derecho. Advirtió sobre la hostilidad ejercida desde el poder público contra quienes cuestionan las narrativas oficiales, la vulnerabilidad extrema de los reporteros de a pie frente al crimen organizado y el alarmante distanciamiento social reflejado en encuestas locales, donde más del sesenta por ciento de los jóvenes manifiesta poca o nula confianza en los medios de comunicación. Complementando este diagnóstico, el Dr. Diego Noel Ramos Rojas, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, estructuró la problemática en tres ejes urgentes: prevención, protección y procuración de justicia. Ramos Rojas denunció el incumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia de libertad de expresión, el retroceso que implica la desaparición de órganos de transparencia como el INAI, la precarización laboral que empuja a los periodistas a la autocensura y la reducción presupuestal de los esquemas de resguardo, recordando casos recientes de homicidios y desapariciones de comunicadores en zonas marginadas del país.
En la segunda mesa de trabajo, moderada por el periodista Jorge Robledo, se profundizó en la cooperación internacional y el acceso a la justicia con las intervenciones de Juan Vázquez, de Artículo 19 México y Centroamérica; Andreas Lamm, director ejecutivo del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF); Maia Campbell, de la ONU-DH; y Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Los participantes coincidieron en que la asistencia jurídica, la documentación rigurosa y el intercambio de experiencias internacionales son herramientas indispensables para romper el ciclo de silencio. Concluyeron que proteger a los periodistas salva vidas, pero únicamente una investigación judicial eficaz y libre de impunidad permitirá erradicar la violencia contra la prensa y asegurar que la sociedad ejerza plenamente su derecho a estar informada.
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