SIMULACIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, OCURRENCIAS POR ENCIMA DE LA LEY, HASTA AMENAZAS DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE, PARA ENGAÑAR A LOS DUEÑOS DE UNIDADES, FTCEJ.
Aproximadamente 100 mil usuarios se ven afectados diariamente en diferentes rutas del transporte urbano en el Área Conurbada de Guadalajara, debido a las detenciones arbitrarias que realiza la Secretaría de Transporte, luego de no “alinearse” a la convocatoria emitida por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez a dueños de unidades para apuntarse a recibir un permiso de cuatro meses y posteriormente obtener la concesión o subrogación.
Por este motivo se han detenido decenas de unidades del transporte urbano de rutas como la 24, 645, 619-A, 625 y de la 622, entre otras, denunció la Abogada Grecia Galván Robles, representante de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ)
“Hay la represión de detener las unidades y al momento de ir a recogerlas si se les firma el convenio se libera a la unidad. De otra manera permanecen en el corralón”, precisó.
Dijo que en la ruta 645 se detuvieron 18 unidades de las 66 que operan; en la ruta 24 se detuvieron 32 de 33 unidades y terminó por no dar el servicio, aunque hay unidades que han sido detenidas hasta en más de dos ocasiones por folios administrativos que no ameritan lo que las medidas de seguridad de la propia Ley de la materia contemplan: la flagrancia, falta de documentos, mandamiento judicial o que circule una unidad sin placas.
Condiciones Diferentes a las Autorizadas son los argumentos que esgrimen las autoridades viales para aplicar las infracciones en aspectos como el traer vidrios desde donde no se aprecia la visibilidad hacia afuera, cuando son vidrios de fábrica humeados; que las luces no son las autorizadas y no están prendidas a las doce del día; que el piso está liso o que simplemente las unidades circulan con llantas lisas, entre otros inventos de las autoridades viales.
Galván Robles lamentó que las detenciones de unidades del transporte urbano sean selectivas por el hecho de no acudir a firmar la convocatoria emitida por las autoridades estatales, pues además los dueños de unidades son citados de manera individual y los amedrentan para que accedan a sus demandas.
