MÉXICO ES EL PARAÍSO DEL «LAVADO DE DINERO» EN LATINOAMÉRICA Y TERCER LUGAR MUNDIAL, IMEF.
Más que a la venta, en México el lavado de dinero de procedencia ilícita se está orientando hacia la urbanización y la construcción de desarrollos inmobiliarios de lujo, en los que se manejan fuertes sumas de efectivo, aunque las investigaciones sobre este delito no son de corta duración, sino que tardan varios años en su realización, según las conclusiones de un panel que organizó el Grupo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas {IMEF}.
Los panelistas revelaron que, a nivel internacional, México ocupa la tercera posición por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo superado por China y Rusia. De acuerdo con reportes mundiales, durante los últimos siete años este tipo de operaciones, incluyendo el tráfico de drogas, de armas, de personas y otros delitos, ascendió a más de 514 mil 259 millones de dólares.
Como panelistas, intervinieron David Henry Foulkes Woog, consultor financiero y ex presidente del Grupo; Porfirio de Jesús López Peña, consejero del Capítulo Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa {ANADE}; y Juan Carlos Sáinz del Toro, vicepresidente de Eventos Técnicos del Grupo Guadalajara del IMEF, quienes resaltaron que, conforme a datos recuperados de la Organización de las Naciones Unidas {ONU}, las ganancias anuales de las bandas criminales transnacionales, que se lavan en el sistema financiero internacional, superan el billón 500 mil millones de dólares, que equivale a la riqueza de los 49 países menos desarrollados del mundo.
El panel aclaró que, como tal, el ‘‘lavado de dinero’’ no figura en ningún Código Penal, sino que se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La legislación para la prevención de estos delitos define las ‘‘actividades que son vulnerables’’ y establece las sanciones para los infractores, que van de tres a quince años de cárcel y multas de 80,000 a 400,000 pesos.
Foulkes Woog afirmó que el lavado de dinero es un delito ‘‘que no se da solo’’, sino que siempre va precedido de otro ilícito, y advirtió que, además de las implicaciones legales y económicas, el daño a la reputación de personas e instituciones involucradas, es un factor de repercusiones sociales graves. ‘‘Como casi todos podemos caer en el supuesto de actividad de riego o vulnerable, debemos cuidar mucho con quiénes hacemos tratos de negocios y cómo los hacemos, para cumplir fielmente la normatividad que nos aplique’’, agregó.
A su vez, López Peña detalló los efectos de las operaciones con recursos de procedencia ilícita; dijo que es necesario impulsar al interior de las empresas, acciones a favor de la ética, el cumplimiento de las normas y de prevención de riesgos a la integridad moral institucional, a fin de fomentar una cultura de cumplimiento. Insistió en que a las bandas criminales no les preocupa utilizar y perjudicar a las personas inocentes, por lo que hay que fortalecer los principales valores humanos en los negocios.
