PILLAJE, DESPOJO Y TRÁFICO DE INFLUENCIA EN TORNO A COMUNIDADES INDÍGENAS.
La comisión de delitos en territorio jalisciense va más allá de los que reconoce oficialmente la autoridad correspondiente; es decir, a la larga lista de abusos, situaciones cotidianas ordinarias, (robos, asesinatos, levantados, privaciones de la libertad, fraudes), y otros que se han popularizado entre las notas informativas constantemente, se suma el despojo patrimonial, el pillajes y el trafico de influencia.
El circulo donde más se práctica es en las comunidades indígenas dentro de todo el territorio nacional, en algunos de estos lugares se ha fortalecido la defensa organizada de los asentamientos originales, cuyo «título» o cédula de propiedad, aún es conservada por alguien de los descendientes directos de aquellos que la recibieron en época de la colonia.
Santa Ana Tepetitlán, San Juan de Ocotán, Jocotán, en Zapopan; la comunidad indígena de El Rosario, en Tonalá, Tateposco en Tlaquepaque y San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga, son solamente algunos de los que, por su cercanía con el área metropolitana de Guadalajara, revelan las vejaciones de que han sido víctima, a manos de vivales, corruptos funcionarios y pseudo empresarios inmobiliarios amafiados.
El más reciente de los casos nos lleva a la comunidad indígena de San Sebastián el Grande, delegación de Tlajomulco de Zúñiga, un asentamiento prehispánico del que aún se conserva la cédula que otorga el derecho a los descendientes de aquellos originarios, un territorio que actualmente abarca más de 90 hectáreas, pero que originalmente eran más de 150 Has, y que sin embargo ha sido motivo de la ambición desmedida de vivales en contubernio con personal gubernamental, delincuencialmente amafiados para despojar de este patrimonio a las personas que han mantenido sus principios ancestrales con la «madre tierra», transmitiéndola a las nuevas generaciones, quienes, continúan alejados de la perversidad y la ambición de agrupaciones amafiadas; que aprovechándose de las limitaciones, precariedad, candidez y buena voluntad, son vejados por los abusos autoritarios de pésimos servidores gubernamentales y la corrupción.
Tal es el caso de Don Aurelio Gómez Calderón, un humilde campesino que ha sido amenazado, intimidado, lesionado y privado de su libertad de manera ilegal por defender el territorio que fue de sus antepasados y que ahora, a sus 76 años de edad, muchos «delincuentes» disfrazados de funcionarios, abogados o influyentes empresarios, se han empecinado en apropiarse de lo que no es de ellos.
Situación que se ha agudizado, al grado de iniciar una defensa legal con el que se garantiza el derecho de al menos mil 500 familias, a quienes de manera legal, les fue cedido parte de este territorio bajo el principio de gratuidad, convirtiéndose en el primer proyecto en su tipo de Vivienda Comunitaria Ecológica y Sustentable de Latinoamérica, denominado «Campo Bravo-Terranova 2000», el cual da como origen al Colectivo Pro-Defensa de los Derechos a una Vivienda Digna y Decorosa como Derecho Humano Fundamental.
