REPÚBLICA

Por: Redacción/ TEN/ Política
En una cuadragésima tercera sesión ordinaria que pasó desapercibida para la opinión pública y los medios, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) celebró su última sesión de trabajo y se extinguió formalmente.
Este adiós silencioso de un organismo que fue el pilar del acceso a la información durante dos décadas ha sido calificado como un «Silencio y Opacidad» que presagia un grave retroceso democrático en la entidad.
La crítica central reside en la forma y el fondo de la desaparición. El ITEI, un órgano autónomo con un legado de más de 1.7 millones de solicitudes atendidas en 20 años y resoluciones históricas a favor del ciudadano (78%), fue eliminado para que sus funciones sean absorbidas por la Contraloría Estatal, una dependencia directa del Poder Ejecutivo.
Este movimiento anula la autonomía esencial para fiscalizar al poder. La gran interrogante que se plantea es: ¿Cómo garantizará la Contraloría la independencia e imparcialidad necesaria para obligar al propio Ejecutivo a transparentar su gestión, si la cadena de mando ya no es horizontal sino vertical? La decisión política de extinguir al ITEI, a pesar de sus indicadores de cumplimiento cercanos al 100%, sugiere que la prioridad fue recuperar el control sobre la información antes que fortalecer la transparencia.
El informe final del ITEI, presentado por la comisionada presidenta Olga Navarro Benavides y el comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, actuó como un elocuente réquiem que magnifica la pérdida.
El año 2025 cerró con la cifra más alta en la historia del ITEI, con 12 mil 288 resoluciones. El organismo respondía a un crecimiento exponencial del ejercicio ciudadano, pasando de 5 solicitudes diarias en 2005 a 530 en los últimos cinco años.
Estas estadísticas evidencian que el ITEI era una institución activa y eficaz, no obsoleta. Por ello, la extinción por decisión política no puede ser disfrazada de «transición», sino que corre el riesgo de ser un eufemismo para el «retroceso de derechos» ganados por la ciudadanía. Jalisco se enfrenta ahora a una era donde el control de la información pende de un hilo burocrático, perdiendo al garante original que profesionalizó la transparencia en la entidad.