TRUENA EMPACADORA DE JITOMATE EN AUTLÁN Y VA CONTRA EL PERSONAL
Por: Redacción/ TEN/ Región
La empresa agrícola Invernaderos Bonanza 2001 S.A. de C.V., una de las principales fuentes de empleo en la región Costa Sur de Jalisco, se encuentra paralizada por una huelga formal iniciada por sus trabajadores. La medida de presión inició el pasado 19 de julio, cuando se dan en respuesta, despidos masivos injustificados y una serie de presuntas irregularidades laborales, mientras la compañía atribuye la crisis a factores externos, como la imposición de aranceles internacionales.
El conflicto fue admitido por la autoridad laboral, y documentos oficiales revelan que el Tribunal Laboral del Estado de Jalisco recibió desde el 20 de enero un escrito del apoderado legal del sindicato, el licenciado Antonio Ortega Gómez, solicitando una prórroga del periodo de pre-huelga. A pesar de la extensión de este plazo hasta el 19 de julio, no se logró una solución conciliatoria, lo que detonó el movimiento. El procedimiento quedó registrado ante la Secretaría de Procedimientos y Negociación Colectiva de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Aunque los líderes sindicales han mantenido silencio público, trabajadores despedidos han alzado la voz, denunciando un panorama desalentador. Aproximadamente 150 personas, de las cuales cerca de 80 son trabajadores foráneos provenientes de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, se encuentran afectadas.
Los empleados señalan que el despido se realizó de manera abrupta, sin previo aviso ni liquidación conforme a la ley. Muchos fueron informados el 19 de julio que debían abandonar las instalaciones al mediodía, sin tiempo para organizarse. La situación es especialmente crítica para los trabajadores foráneos, quienes en muchos casos fueron trasladados por la empresa con sus familias y ahora se encuentran sin trabajo, sin dinero para regresar a sus lugares de origen y sin el apoyo de albergue, luz y agua que les brindaba la compañía.
Entre los principales reclamos de los trabajadores se encuentran:
- Finiquitos Irrisorios: Empleados con años de antigüedad, incluso hasta 15 o 30 años, recibieron pagos de entre $2,000 y $12,800 pesos, considerados desproporcionados a sus años de servicio.
- Falta de Liquidación: La demanda central es la liquidación conforme a la ley, incluyendo todos los años trabajados, tanto de base como eventuales.
- Condiciones Laborales Precarias: Se han revelado jornadas laborales extensas, de 7 AM a 11-12 PM, y el pago de horas extras a una tarifa fija de $40 pesos, sin importar si eran dobles o triples, ni prima dominical.
- Irregularidades con el Seguro Social: Manipulación de registros, retirando y reincorporando a trabajadores sin aviso, afectando su cotización para pensiones e Infonavit. Incluso, se reportaron casos donde se les pedía a los empleados decir que accidentes laborales habían sucedido fuera de la empresa.
- Acoso Laboral: Un empleado con 15 años de antigüedad denunció acoso sin que sus quejas fueran atendidas.
- Problemas de Salud sin Cobertura: Un fumigador con 8 años de antigüedad expuso que, a pesar de la exposición a químicos, la empresa no se ha hecho responsable de problemas de salud derivados, y el seguro social no cubrió un derrame ocular de su esposa por diabetes.
La empresa, dedicada a la producción y exportación de jitomate (con una producción semanal de entre 150 y 250 toneladas en 47 hectáreas de invernaderos), ha argumentado que la crisis se debe a problemas financieros adversos. La principal causa, señalan informalmente a los trabajadores, sería la imposición de un arancel del 17.09% a productos agrícolas mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump durante su administración, lo que habría dejado efectos duraderos en la competitividad y exportación de sus cultivos.
“Nos dicen que es una medida temporal por falta de recursos, pero no hay garantías de que recuperemos nuestros empleos ni hay claridad sobre qué pasará con nuestras liquidaciones”, comentó uno de los trabajadores afectados que prefirió el anonimato.
La planta, ubicada en el Camino Viejo a Ahuacapán, en Autlán, permanece paralizada, con los empleados manteniendo guardias afuera como parte de la protesta. Hasta el momento, no ha habido un posicionamiento oficial por parte del representante legal de la empresa, Guillermo de Jesús Jiménez Cárdenas, ni de la gerencia corporativa ubicada en Ciudad del Sol, Zapopan.
La Ley Federal del Trabajo establece que el sindicato deberá notificar el estallamiento de huelga en un plazo de tres días naturales para que el expediente no se archive. Por ahora, la autoridad mantiene abierto el proceso en espera de que se logre una solución a través de la conciliación.
Los trabajadores, representados por sus delegados sindicales, están a la espera de una resolución de la reunión entre el sindicato y el dueño de la empresa, Guillermo Jiménez, quien radica en Guadalajara. Afirman estar decididos a continuar con la huelga hasta obtener una respuesta justa a sus demandas, subrayando que solo buscan lo que les pertenece por ley.
