Pese a que existen distintivos pegados en edificios públicos de las dependencias gubernamentales, estatales y municipales de Jalisco, así como en algunas instituciones de educación media superior, asegurando que, estos lugares son «Libres de Acoso», todo parece indicar que existen «criterios» para aplicarse.
Así ha quedado entendido entre las víctimas involucradas en casos donde el agresor es un funcionario público, hace algunos meses, fue el caso del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Covarrubias Dueñas (hoy prófugo) gracias a las tácticas dilatorias que obligan a seguir las instancias correspondientes y en donde el tráfico de influencias o el «amiguismo» se deja sentir ante la impotencia de los familiares de la víctima.
Otros casos detectados de abuso de autoridad que sistemáticamente degradaron en un hostigamiento laboral, y por consecuencia una violencia psicológica colectiva, la que viven al interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara), en donde existen testimoniales en torno al deceso de uno de los trabajadores a consecuencia de la presión ejercida por el personal administrativo encabezado por la directora Diana Berenice Vargas Salomón y solapado por el propio presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.
A estos «modus operandis» se suman los siguientes; el caso que fue presentado a través de una petición de juicio político en contra del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz.
La mañana de este martes 26 de abril, en la oficialía de partes del Congreso del Estado, se presentó la solicitud de juicio político en contra del Secretario del Trabajo, Pérez Gollaz; fue el abogado Víctor Manuel Pérez Cabrera, representante legal de quien exige justicia, una empleada de esta dependencia quien resultó violentada en su dignidad de mujer, al convertirse en un objetivo de la libido del secretario de esta dependencia gubernamental, quien no solamente se excedió en su trato con la subordinada, a quien invitó a que lo acompañara a la playa, y al negarse esta, la «amabilidad» del funcionario se transformó en un hostigamiento sistemático.
Así lo describe la afectada, de quien solamente identificaremos como Gina N, «Sé de dos procedimientos anteriores al mío, uno que se interpuso ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otro en el órgano de Control Interno de la dependencia, una de ellas ya no trabaja allí. El Instituto de la Mujer, parecen instituciones de papel, se ven muy bonitas pero a la hora de actuar, no actúan, imagínate que les llega una queja en contra del Secretario del trabajo, que debería salvaguardar mis derechos laborales como titular de la dependencia y es el primero en hostigarme sexualmente y luego hostigarme laboralmente, hostigarme bajo amenazas de que le presentara mi renuncia tres veces y luego continuó hostigándome laboralmente, pues cuando les llegan esa quejas de esos funcionarios no pasa de que te pidan trámites, tu declaración pero nada más, no actúan. Pareciera que existen esas dependencias para meter a sus amigos y darles un buen sueldo», lamentó.
Pese a que existen distintivos pegados en edificios públicos de las dependencias gubernamentales, estatales y municipales de Jalisco, así como en algunas instituciones de educación media superior, asegurando que, estos lugares son «Libres de Acoso», todo parece indicar que existen «criterios» para aplicarse.
A estos «modus operandis» se suman los siguientes; el caso que fue presentado a través de una petición de juicio político en contra del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz.
