IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES UNA ACTIVIDAD ESENCIAL QUE EN 90 DÍAS DE CONTINGENCIA HA DEJADO A LOS JALISCIENSES EN ESTADO DE INDEFENSIÓN.

Abogados litigantes, pasantes y auxiliares de la administración de justicia en Jalisco solicitaron hoy al presidente del Consejo de la Judicatura del Estado Ricardo Suro Esteves un plan real y efectivo para la reactivación de la impartición de la justicia y la resolución de 500 mil juicios detenidos desde el pasado 18 de marzo cuando se decretó el confinamiento para evitar la propagación del Covid-19.

“Estamos conscientes de la trascendencia de la pandemia originada por el Covid-19 pero ya es insostenible para el gremio, estar privados de ejercer nuestra profesión y de esa manera ganar el sustento para nuestras familias, afirmó el abogado José Godinez Curiel, luego de realizar una manifestación de protesta pacífica frente a la explanada principal de la sede Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Explicó que la impartición de la justicia es una actividad esencial para preservar el buen funcionamiento de la economía y la conservación del Estado de Derecho, y en ese sentido hacemos del conocimiento de las autoridades correspondientes y de la opinión pública nuestra necesidad de trabajar y para ello, estamos entregando un pliego petitorio a la oficialía de Partes del Consejo de Judicatura del Estado.

Abogados litigantes, pasantes y auxiliares de la administración de la Justicia en Jalisco, coincidieron que debido a que no han definido con certeza la fecha de reanudación de funciones, ni la forma de cómo llevarlo a cabo, solicitan al Consejo de Judicatura del Estado, analice y determine:

1.-  El reconocimiento y la subsecuente declaración en el sentido de que la administración de justicia es una actividad esencial e impostergable; no puede existir un nuevo aplazamiento ni mayor dilación en la reanudación de labores ordinarias en los diversos tribunales del Estado.

2.- La reapertura total e inmediata de todos los juzgados de primera instancia en el Estado de Jalisco, a efecto de que reinicien con todas las funciones que por ley les corresponde ejercer.

3.- Implementación de los controles y medidas sanitarias que determine el H. Consejo, a efecto de garantizar la seguridad y la salubridad de los integrantes del Poder Judicial, de los justiciables, abogados y púbico en general que por alguna razón tengan que asistir a cualquiera de los diversos organismos judiciales integrantes de esta soberanía.

4.- Reprogramación del periodo vacacional de verano previsto del 16 al 31 de julio del presente año a efecto de que los juzgadores permanezcan en funciones y se logre un avance procesal en los diversos asuntos sometidos a la potestad jurisdiccional, en beneficio de la colectividad jalisciense.

Los afectados señalaron que luego de más de dos meses de paro total de las actividades y la recién reapertura parcial a través de la Oficialía de Partes publicada en la página oficial Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco para recibir documentos y archivarlos, es una medida insuficiente y coloca a los jaliscienses en estado de indefensión.

La impartición de justicia es una de las funciones más importantes del Estado mexicano porque su función es coadyuvar a preservar el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, de acuerdo a la Constitución Federal “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”, señalaron los afectados.

Los afectados indicaron que otro de los factores que impide la impartición de justicia pronta y expedita es la falta de modernización de la administración de la justicia y el rezago tecnológico, lo que impide a los abogados tramitar la separación de personas, sobre todo, en esta coyuntura donde los casos de violencia doméstica se han incrementado de manera importante debido al confinamiento en los hogares.

“Sabemos que la pandemia del coronavirus además de constituirse como un problema de salud pública sin solución hasta el momento requiere del diseño de planes reales y efectivos que permitan a los trabajadores de la impartición de la justicia trabajar sin contagiarse y sortear una vez más la nueva realidad económica de la población mexicana”, indicaron.

En México existen alrededor de 342,809 abogados ocupados que representan un 43 por ciento de las 7.9 millones de personas con empleo en el país. Las tres entidades que tienen mayor porcentaje de abogados en el país son la Ciudad México con el 23.4 por ciento, el Estado de México con el 13,7 y Jalisco con el 9.8 por ciento que en conjunto concentran 46.9 por ciento de profesionistas ocupados. La edad promedio de los abogados es 39 años y 80 de cada 100 profesionistas ocupados tienen menos de 50 años, según datos del (Inegi).