MODIFICACIONES A LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS PRELUDIO DE POLARIZACIÓN SOCIAL, ADVIERTEN ESPECIALISTAS.
A principios de diciembre del año pasado, la senadora del grupo parlamentario MORENA, y LCP. María Soledad Luévano Cantú, presentó una iniciativa que intenta modificar la relación Estado-Iglesias a través de numerosas reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La iniciativa, después de presentada y generar polémica, se envió a comisiones.
Esta iniciativa, al igual que muchos otros actos del gobierno federal, como el continuo involucramiento de algunas iglesias evangélicas en la difusión de la Cartilla Moral, pone en riesgo la consolidación del Estado laico y el principio histórico de separación Estado-Iglesias, que con mucho trabajo se ha ido construyendo en México, desde las Leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez García en 1856.
Sin embargo, para la senadora por Zacatecas; estas modificaciones quedan justificadas por los avances que la sociedad en México ha tenido en temas como los derechos humanos, convirtiéndose en una sociedad más compleja y plural; pero que en medio de grandes dificultades, México ha venido transitando hacia la construcción de una sociedad y un estado más democrático.
Para grupos como la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIOOD, representados por el Mtro. Jesús López Lobato y Neftalí Álvarez Pérez, del organismo denominado República Laica, las modificaciones contempladas en más de una veintena de articulados, encierra fines muy diferentes a los justificados por la legisladora.
A decir de Neftalí Álvarez Pérez, del organismo denominado República Laica, actualmente los servidores públicos y líderes de cultos religiosos quedan delimitados en sus funciones por los artículos 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien como quedó establecido en las leyes de reforma, estableciendo que todo aquel servidor publico debe cumplir y aplicar el carácter laico del estado.
«Algunos funcionarios lo han hecho así, han apoyado o dicho públicamente que profesan alguna religión y eso no deben hacerlo; ya lo decía Benito Juárez, el funcionario publico no debe tener religión para que pueda gobernar para todos y para que no haya discriminación y para que no polarice a la sociedad», puntualizó el abogado.
