EXISTE RECURSO LEGAL DE ECHAR PARA ATRÁS EL INCREMENTO AL PASAJE
Por: Lic. Jorge Carlos Ruiz Romero*/TEN/ Opinión
El transporte público en Jalisco no es un servicio, se ha convertido en un negocio de complicidades. Mientras el discurso oficial del Ejecutivo Estatal presume un «modelo a seguir», la realidad que viven miles de jaliscienses en las calles es la de un sistema colapsado, diseñado no para mover personas, sino para concentrar riqueza en manos de unos cuantos.
Un monopolio disfrazado de modernidad
Desde la Contraloría Ciudadana Independiente, denunciamos que estamos frente a una práctica monopólica solapada por el Estado. Se han eliminado rutas convencionales de manera deliberada para forzar al usuario a utilizar líneas de transporte masivo controladas por concesiones opacas. Lo que inició con administraciones del PRI y se ha consolidado con Movimiento Ciudadano, es la entrega de un derecho humano —la movilidad— a un grupo selecto de empresarios que hoy votan a favor de un aumento que ellos mismos recibirán.
El robo de los 50 centavos y la trampa digital
Uno de los puntos más críticos de este «tarifazo» es el mecanismo de recaudación. La obligatoriedad de la tarjeta y la negativa del sistema a devolver el cambio de 50 centavos no es un error técnico, es un robo hormiga institucionalizado. Con el nuevo aumento, este excedente que el gobierno y los empresarios «se quedan» por la falta de cambio podría duplicarse o triplicarse, convirtiendo cada viaje en una extracción ilegal de recursos al bolsillo de quien menos tiene.
El colapso de la economía familiar
Este aumento no es solo una cifra; es un golpe directo a la economía de las familias que dependen del transporte para trabajar o estudiar. El gobierno está acechando al ciudadano: por un lado, asfixia al usuario del transporte público y, por otro, persigue a quienes optan por vehículos o motocicletas particulares. Es una política de acorralamiento donde el ciudadano siempre pierde.
Un llamado a la acción ciudadana y jurídica
La pasividad no es una opción. Como organismos ciudadanos, tenemos herramientas que la ley nos otorga:
- Acciones Jurídicas: Desde la Contraloría Ciudadana Independiente ya estamos interponiendo los recursos legales necesarios para frenar este abuso.
- Participación Democrática: Exigimos que este aumento sea sometido a una consulta estatal vinculante a través del IEPC. La ciudadanía debe decidir si el costo del transporte es justo respecto a la calidad del servicio.
- Movilización Social: La fuerza política no solo reside en los diputados —quienes tienen la facultad pero muchas veces carecen de la voluntad— sino en la gente organizada.
Invitación a la ciudadanía: No podemos tolerar que el beneficio de unos cuantos pase por encima del bienestar de todos. Los convocamos este miércoles 7 de enero a las 5:30 PM a una movilización pacífica pero enérgica. Es momento de exigir que el Gobierno del Estado eche atrás esta medida recaudatoria y entienda que el transporte público es un servicio social, no una caja chica para empresarios y funcionarios.
En Jalisco, el pueblo manda y el gobierno obedece. ¡¡¡No al tarifazo!!!
* Presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco
