OPINIÓN

UN CABALLO DE TROYA EN POLÍTICA, LLAMADO TARJETA ÚNICA

Por: Vigaro/ TEN/ Opinión

El panorama político en Jalisco atraviesa una metamorfosis radical. El gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro ha iniciado un proceso de alineación estratégica con el Gobierno Federal de Morena, distanciándose de su base en Movimiento Ciudadano (MC).

Esta transición se materializa a través de la «Tarjeta Única Al Estilo Jalisco», un mecanismo bancarizado disfrazado de programa social que, bajo la apariencia de eficiencia administrativa, esconde una estructura de clientelismo electoral de cara a los comicios de 2026 y una red de contratos opacos con la empresa financiera Broxel.

El análisis de los movimientos recientes de Lemus sugiere una capitulación política frente a la mandataria federal Claudia Sheinbaum.

Abandono de la Identidad de Oposición: Lo que inició como una postura de «bastión naranja» ha derivado en sumisión. El evento de septiembre de 2025, donde Sheinbaum intervino ante los abucheos hacia Lemus, marcó el inicio de una «pax política» que beneficia las ambiciones personales del gobernador a costa de la autonomía estatal.

Estrategia de Supervivencia: Ante la falta de resultados en seguridad (caso Teocaltiche) y salud, Lemus busca en el gobierno federal la impunidad y el respaldo presupuestal que su propio partido, ahora debilitado, ya no puede garantizarle.troya

El lanzamiento de la tarjeta el pasado 12 de enero de 2026 se identifica como el eje central de una estrategia de control de votos.

Maquinaria Electoral: Con un objetivo superior a los 3 millones de plásticos, el programa busca crear una base de datos masiva de votantes dependientes de los subsidios en transporte y salud.

Falta de Transparencia: La asignación de contratos para la impresión y manejo de datos bancarios apunta a un esquema de beneficio para la camarilla cercana al gobernador, utilizando los recursos del erario para aceitar una estructura de cara a 2026.

Al aceptar la «Tarjeta Única», el ciudadano no solo recibe un beneficio, sino que adquiere obligaciones legales y financieras que suelen ser omitidas en el discurso oficial:

Custodia de Información: El usuario es responsable legal del manejo de su NIP y claves. Cualquier mal uso por parte de terceros debido a negligencia recae sobre el titular, deslindando al ejecutivo estatal.

Consentimiento de Datos Personales: Al activar el plástico, el ciudadano suele firmar (muchas veces de forma digital y sin lectura previa) el uso de sus datos para fines comerciales o de perfilamiento por parte de la entidad emisora.

Cumplimiento de Términos y Condiciones: El usuario debe vigilar las comisiones ocultas o cargos por inactividad que este tipo de tarjetas suelen incluir tras el periodo inicial de «gratuidad».

La elección de Broxel como empresa emisora del plástico añade una capa de riesgo institucional y reputacional al proyecto:

Antecedentes de Opacidad: Broxel ha sido señalada en administraciones pasadas (tanto a nivel federal como en la CDMX) por obtener contratos millonarios mediante adjudicaciones directas o procesos de licitación cuestionables.

Riesgos de Seguridad Social y Datos: La empresa ha enfrentado críticas por fallas técnicas en la dispersión de recursos y por su cercanía con élites políticas, lo que genera dudas sobre la verdadera protección de la privacidad de los 3 millones de jaliscienses que entregarán su información sensible a una entidad privada con historial de favoritismo político.

Concentración de Poder Financiero: Al entregar el manejo de los programas sociales a una sola Fintech con antecedentes de «monederos electrónicos» electorales, se corre el riesgo de que los recursos públicos sean utilizados como herramienta de presión política directa.

La administración de Pablo Lemus ha dejado de ser un gobierno de gestión para convertirse en una operación de mercado político. La «Tarjeta Única» es el caballo de Troya de esta estrategia:

En lo Político: Consolida la entrega de Jalisco al proyecto de Morena a cambio de beneficios personales.

En lo Financiero: Expone a la ciudadanía a riesgos de manejo de datos y falta de rendición de cuentas bajo el amparo de Broxel.

Hacia 2026: El escenario está puesto para un fraude institucionalizado basado en la dependencia económica del electorado.

Sentencia Final: Jalisco no requiere una «tarjeta mágica», requiere transparencia y un gobierno que no venda su autonomía al mejor postor en la capital. El telón de esta farsa política está por caer, revelando un saqueo disfrazado de beneficio social.