MANZANILLA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN JALISCO
Por: Redacción/ TEN/ Política
Tras semanas de incertidumbre y el constante debate sobre qué grupo político lograría imponer su perfil, el Congreso del Estado de Jalisco puso fin a las especulaciones. Durante una sesión plenaria encabezada por el diputado Julio César Hurtado Luna, el Legislativo formalizó el nombramiento de Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Un proceso definido por la mayoría
La elección se realizó a partir de una terna integrada por una mujer y dos varones. Tras el análisis de los perfiles, el Pleno otorgó un respaldo contundente a Manzanilla Aznárez con 32 votos a favor. El resto de la votación se dividió en cuatro votos nulos y un solo sufragio para el aspirante Ricardo Sánchez Berumen.
Este nombramiento llega en un momento crítico para la entidad, con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de sancionar el abuso de poder y dar respuesta a una de las demandas ciudadanas más sentidas: la rendición de cuentas y la legalidad.
Pese al consenso mayoritario, la sesión no estuvo exenta de reflexiones sobre la naturaleza del cargo. El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la bancada de Hagamos, enfatizó que estas fiscalías son «instrumentos de credibilidad social».
«Sin independencia real, autonomía funcional y estabilidad en el cargo, estos órganos no cumplen su propósito de combatir eficazmente la corrupción», señaló Bravo Padilla, advirtiendo que la falta de autonomía sigue mermando la confianza de los jaliscienses en sus instituciones.
Perfil del nuevo Fiscal
Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez llega al cargo con una trayectoria ligada a la administración pública y el derecho constitucional. Entre sus cargos previos destacan:
Abogado General del Gobierno del Estado de Jalisco.
Servidor público en el Poder Judicial de la Federación.
Integrante del área jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Catedrático universitario en derecho penal y procesal penal.
Con esta designación, el sistema estatal anticorrupción busca garantizar la continuidad en las investigaciones y la persecución de delitos relacionados con el mal uso de recursos públicos y el tráfico de influencias.
