Recientemente la dependencia gubernamental en el estado de Jalisco encargada de garantizar las condiciones optimas en pro del medio ambiente, ha demostrado ser la principal depredadora de este, gracias a una serie de omisiones, así como de señalamientos en contra del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Sergio Humberto Graf Montero, quien contrariamente a su discurso emitido ante los legisladores locales, donde ponderó los reconocimientos recibidos en Glasgow, Escocia por logros realizados en la entidad mexicana.
En la práctica, muchos son los señalamientos en contra de este funcionario quien no solamente ha sido omiso y opaco en su manejo; además se le ha relacionado con decisiones que ponen en riesgo la salud de los jaliscienses, sin que se le dé mayor importancia a la ausencia de esta autoridad.
A la larga lista de problemas desatendidos por esta dependencia, se suman los presuntos negocios que se gestan desde la SEMADET, ya que ha decir de diversos actores (muchos de ellos amenazados), existe una gran corrupción promovida por Graf Montero, en los temas relacionados con el medio ambiente.
La verificación vehicular es uno de ellos, en donde se asegura, que sin haber dado los resultados proyectados, la empresa ganadora hasta este momento es WEB, quien está implicada en ese proyecto y a quien presuntamente el gobierno jalisciense le adeuda varios millones de dólares.
A esto se suma que los problemas de salud entre la población, propiciados por la cuenca del río Santiago, en varios municipios; se han agravado ante la insensibilidad de las autoridades ambientales de Jalisco, quienes simplemente se deslindan de los daños tangibles a consecuencia de la grave contaminación que prolifera entre las comunidades aledañas de esta región Ciénega.
A los temas anteriores que involucran al aíre y el agua, se agrega otro no menos importante, el suelo. Los desechos sólidos que se generan en las zonas urbanizadas y que de acuerdo a la propia ley, corresponde a las autoridades dar solución por tratarse de una obligatoriedad que garantice las condiciones de salud de los gobernados.