MODELO RUTA EMPRESA, QUIEBRA AL TRANSPORTE PÚBLICO

“CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”

Por: Redacción/ TEN/ Empresarial/ Región

Pese a las declaraciones vertidas por el titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monráz Villaseñor; quien asegura que todo “marcha bien” con los transportistas, gracias a la reorganización del sistema de transporte, los usuarios satisfechos y los empresarios transportistas conformes con el modelo ruta-empresa.

Este argumento se encuentra lo más alejado de la realidad, “No es Verdad” desmienten los afectados; a decir de los prestadores del servicio de transporte público en Jalisco, la cobertura de los derroteros en las rutas, está “pendiendo de un hilo” y condenado a desaparecer, si la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), y el fideicomiso de Santander, en contubernio con la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, siguen manipulando y reteniendo los recursos que les corresponde a los transportistas.

Para el próximo mes de agosto, de continuar como hasta ahora, al menos 40 rutas que cubren el área metropolitana de Guadalajara dejaran de otorgar el servicio, afectando aún más a la ciudadanía, advierten.

Resulta que la Secretaría del Servicio de Asistencia Social (SSAS), dependencia que se encarga de “regalar pasajes” a usuarios vulnerables (saludando con sombrero ajeno), y que, en este contexto, de acuerdo a la Ley correspondiente es para (estudiantes, discapacitados, adultos mayores), y ahora pretende “regalar” pasajes a familiares de personas desaparecidas y a mujeres jefas de familia (aun no referidas en la ley correspondiente). Contrariamente a lo establecido en la propia Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte.

Pues esta ley establece que los transportistas solamente están obligados a otorgar descuento en el pasaje a los estudiantes, personas discapacitadas y adultos mayores, no así, a mujeres jefas de familia ni a familiares de personas desaparecidas; pero, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social no solo impone, amaga y obliga a los transportistas a otorgar descuentos a las personas que ellos decidan, sino que, la SSAS por cada pasaje que “regala” debe pagar diariamente a los transportistas 4.75 pesos (lo cual no sucede), mientras que los transportistas cubren de su bolsillo los otros 4.75, lo que impacta directamente en la operación del servicio público de transporte, ya  que dicha secretaría se la pasa, cada bimestre “regale y regale pasajes”, pero a los transportistas no se les liquida el monto de este servicio que “regala” la dependencia estatal.

Desde el pasado mes de octubre del 2024, existe un adeudo atrasado que ha afectado al gremio transportista, superior a 16 millones de pesos, el cual se ha manejado sistemáticamente, pues sigue sumando adeudos en cada mes subsecuente y contando, ya que, se les está juntando también lo correspondiente a enero y febrero del 2025.

Por otro lado, la SETRAN es la dependencia que confisca el dinero electrónico (de las tarjetas plásticas) que utilizan los usuarios pero que pertenece a los transportistas por el servicio realizado, y disponen del recurso unilateralmente depositándolo a un fideicomiso en la institución bancaria Santander.

En esta operación, también se les adeuda a los transportistas, a la fecha (marzo 2025) lo correspondiente a un mes de pagos, lo que condena al transporte público, por la falta de recursos para sufragar los gastos de operación.

Por todo ello, aunado a la falta de conductores y el alza en los insumos, las rutas de transporte se encuentran colapsando gradualmente y algunas ya no pueden sostenerse por mucho tiempo.

El reordenamiento del transporte público denominado (Ruta Empresa) o (Mi Transporte) se implementó en el año 2018, cuando el costo del pasaje era de 7.00 pesos.

En ese tiempo el costo del combustible era de 17.50, actualmente cuesta 26 pesos el litro.

A esto hay que agregar que al inicio los transportistas contemplaban gastos fijos como la adquisición obligada de nuevo parque vehicular, donde cada unidad tenía un precio comercial de alrededor de un millón 750 mil pesos, actualmente cada unidad que se debe sustituir representa para el transportista un costo de más de tres millones de pesos.

En cuanto a los costos por mantenimiento, cada unidad requiere tener en buenas condiciones ocho llantas, cada una costaba en 2018, 2 mil 500 pesos, en 2025 la misma llanta tiene un valor superior a los 4 mil 500 pesos y los aditamentos como el aceite, pasaron de valer 1, 800.00 pesos a 3 mil 650 pesos la cubeta de 19 litros.

La debacle en el servicio ha diezmado hasta este momento a las siguientes rutas que desde hace más de un año ya no circulan por las calles de la zona metropolitana, 320, 321, 249, 45, 45-A, 19, 19-A, 500, 200, 358, 625, 30, 30-A, 36, 207, 110-A, por citar algunas.

Algunas de las rutas que se sumarán a esta lista son: 156, 153, 623, 623-A, 51, 55, 27, 27-A, 641, 636, 644-B, 182, 619, C-118, 624, 603-B, 602, 50, 50-B, 360, 604-A, 640, 101, 626, 611-A, 37, 37-A.

Pero el doble discurso a los medios informativos locales, utilizado por Monráz Villaseñor, engaña a los usuarios, presentando como, villanos y culpables del pésimo servicio a los transportistas, por un lado, y en contraparte, presume este modelo (Ruta – Empresa) a nivel nacional.

Y es que los transportistas afirman, que no solamente enfrentan una escalada de incrementos en las refacciones, neumáticos, aceites, combustible, transmisión de datos de los sistemas de recaudación, pago por patios concesionados de encierro, de costos desproporcionados, (negocio particular del ex diputado Jonadab Martínez y un grupo de sus amigos), sistema de monitoreo satelital y la mutualidad.

Sino que además, existe una competencia desleal propiciada por la propia autoridad, quien emite las reglas a la par del sistema que opera el gobierno, el sistema de tren eléctrico urbano, macrobús y Peribús; ya que este sistema de transporte se encuentra exentó de pagos como mantenimiento que implica cambio de llantas, cambios de aceite y no tiene un pago por mutualidad, razón por la cual, no entrega boletos que garanticen el seguro del viajero, ni se obligan a otorgar descuentos, ni aplicarlos, cobrando al usuario el costo del pasaje integro e incluso más, ya que no regresa el cambio de los 50 centavos a quienes pagan con monedas de 10 pesos.

Otra situación generada por las propias autoridades y que repercute en el deterioro del servicio, sumado al control y manejo de los recursos económicos por el prepago, es la falta de liquidez en los pagos por los servicios otorgados y que se reserva la autoridad gubernamental, aplicando criterios y simulando pagos puntuales, (anteriormente diferidos hasta por seis meses) y que a partir del pasado mes de noviembre, con el objetivo de aparentar más eficacia, operan con pagos quincenales, pero de la misma manera, diferidos (a favor de la autoridad), ya que puede emitirse un pago correspondiente a un periodo de 15 días, pero se reservan saltarse los correspondientes a meses anteriores, dejando a los transportistas en estado carente de liquidez económica y complicando los procedimientos de pagos consecutivos.

Sumado a todo lo anterior, existe un déficit de operadores de transporte público, señalado por la misma autoridad, culpando a los transportistas de ello.

Medias mentiras mediáticas utilizadas por las autoridades para “curarse en salud”, pero que en la realidad oculta el hostigamiento sistemático enfocado a una recaudación desmedida, en la que los operadores son “cazados” por los agentes de la SETRAN, quienes a criterio, someten al personal operario, los multan, les quitan documentos, placas y unidades, bajo cualquier pretexto, muchos de ellos al margen de la ley, creando un estado de impotencia, vulnerabilidad y laceración en la propia economía del operador, quienes en lugar de trabajar para ganar su sueldo íntegro, son tratados como delincuentes, ya que cada operador trabaja bajo una psicosis, cautivo de las ocurrencias y excesos de las autoridades.

Un claro ejemplo es, por citar lo establecido en la ley; ante las condiciones a las que se exponen los operadores, para evitar los reflejos de los rayos del sol o luminosidad que pudiera afectar la visibilidad a fin de no generar accidentes viales que pudieran poner en riesgo la integridad de los usuarios y del propio conductor, la ley permite que las unidades cuenten con un margen de polarización en 35 centímetros sobre los cristales frontales, sin embargo, los agentes aplican sus propios criterios, multándolos, secuestrando los documentos, licencia y tarjetas de circulación y placas de la unidad, por traerlo o exigiendo que los quiten porque, a decir de cada elemento, no debe haber cristal con película polarizada en los vehículos.

Así las cosas, en torno al deficiente sistema de transporte público en Jalisco y, por si fuera poco, existe otra diferencia que repercute entre el gremio transportista respecto a las que opera directamente el gobierno de Jalisco; se trata de las condiciones laborales del personal operativo.

En este sentido los operadores de las unidades del gobierno (sistema tren eléctrico, Macrobús y Peribús) son considerados como servidores públicos a diferencia de lo conductores de transporte público a quienes los transportistas están obligados a otorgarles prestaciones superiores a las de Ley, lo representa una erogación mensual, superior a 1, 675.00 pesos por persona, es decir IMSS, Infonavit, Fondo de Ahorro para el Retiro, Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 3 por ciento de impuesto sobre la nómina estatal.