DEJEN DE SATANIZAR A LOS MOTOCICLISTAS, EL GOBIERNO VIOLENTA SUS DERECHOS

Por: Redacción/ TEN/ Política

La Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos se pronunció enérgicamente frente a Casa Jalisco para manifestar su rechazo absoluto a la medida implementada por el ejecutivo estatal, Jesús Pablo Lemus Navarro, que impone el uso obligatorio de chalecos rotulados a los ciudadanos que transitan en motocicleta.
Esta disposición es calificada por esta organización ciudadana encabezada por Jaime Aldrete, como un acto discriminatorio, estigmatizante y represivo, que vulnera la dignidad humana al marcar a las personas como si se tratara de simple ganado, contraviniendo el principio constitucional de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana.
Bajo el clamor de “Dejen de satanizar a los motociclistas”, la organización instaló lonas de protesta en las vallas de protección que circundan la sede del gobierno del Estado, dejando claro que el uso del chaleco rotulado carece de fundamento en la Ley de Movilidad vigente.
Además de la carga discriminatoria, se advierte que esta medida resulta innecesaria, toda vez que la identificación vehicular corresponde legítimamente a las placas metálicas.
Asimismo, existe un riesgo inminente de seguridad pública, pues el uso indiscriminado de dichos chalecos facilita que la delincuencia organizada haga un mal uso de los mismos para suplantar identidades y cometer ilícitos.
En el marco de esta defensa de los derechos ciudadanos, la Coordinadora exige a la autoridad estatal un ejercicio de reciprocidad y transparencia, “es imperativo que la totalidad de los elementos pertenecientes a las diversas corporaciones policiales porten chalecos correctamente rotulados con su nombre y número de placa, y se prohíba estrictamente el uso de máscaras o cubrimientos faciales que impidan su plena identificación. La ciudadanía no debe tolerar, bajo ninguna circunstancia, el abuso de autoridad ni la impunidad en el ejercicio de la fuerza pública”, dijo.
Curiosamente, mientras se pronunciaban de manera pacífica en la vía pública, aparecieron siete patrullas, cuatros de la comisaría de Guadalajara y tres más de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y una camioneta negra Jeep con placas de Michoacán, desde donde un individuo sin uniforme grabó y tomó imágenes de los manifestantes, sin que los uniformados se preocuparan de esa presencia.
La agrupación consciente de que esta peculiaridad responde más a medidas intimidatorias, ha dado un paso fundamental en el ámbito legal al interponer una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El objetivo es que se investigue exhaustivamente el presunto modus operandi de las empresas de grúas de servicio privado que operan en los retenes, así como el funcionamiento de los corralones privados a los que son remitidas las motocicletas.
Esta denuncia se fundamenta en la falta de tarifas únicas y transparentes para el servicio de arrastre, lo cual ha generado un negocio lucrativo e irregular.
Se estima que una sola grúa puede transportar de 15 a 20 motocicletas, cobrando tarifas de hasta 7,000 pesos por unidad, lo que representa ganancias millonarias obtenidas bajo la protección de agentes policíacos.
Es sumamente preocupante que diversas empresas de grúas, originarias principalmente del municipio de Tlajomulco, hayan florecido durante la gestión de Enrique Alfaro, operando ahora con opacidad. La denuncia busca fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de estos actos de corrupción.
Finalmente, la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos subraya que los denominados “operativos” de revisión, cuando son utilizados como herramientas de colusión entre servidores públicos y particulares para el lucro personal, se transforman en una forma de delincuencia organizada desde el poder.
Ante esta realidad, la organización reafirma su compromiso de seguir defendiendo el libre tránsito y la protección de los derechos humanos frente a políticas que, lejos de garantizar la seguridad, criminalizan a la ciudadanía y promueven la corrupción institucional.