SILENCIAR A LAS VÍCTIMAS HA SIDO UNA TÁCTICA DEL SISTEMA PROTECTOR DE ABUSADORES
Por: Redacción/ TEN/ Región
Daniela Báez, integrante del colectivo Reboso de México, denunció en rueda de prensa una serie de graves omisiones y negligencias sistemáticas dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco, las cuales han impedido su acceso a la justicia tras ser víctima de abuso sexual infantil.
La hoy activista expuso cómo, a lo largo de cuatro años de litigio, ha enfrentado un contubernio institucional diseñado no solo para proteger a su agresor —un exdocente de la preparatoria regional de Chapala, adscrita a la Universidad de Guadalajara—, sino también para blindar al propio sistema judicial mediante la revictimización y tácticas dilatorias.
Báez detalló que su proceso ha estado marcado por irregularidades flagrantes, como la desestimación de pruebas periciales por parte del juez Luis Ignacio Arias, quien justificó su resolución en prejuicios personales sobre la apariencia física y la participación social de la víctima, omitiendo los dictámenes del Instituto de Ciencias Forenses que confirmaban los hechos.
La impunidad se hizo evidente cuando el expediente del caso desapareció misteriosamente de los juzgados y no fue turnado a las instancias superiores hasta que la movilización social y la denuncia pública forzaron su reactivación. Posteriormente, los magistrados de la sexta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco ratificaron la resolución inicial, ignorando nuevamente el sustento probatorio y favoreciendo el carpetazo.
La lucha de la activista ha tenido que trascender las fronteras estatales.
Fue gracias a la intervención de instancias federales en 2025 que se reconocieron los elementos suficientes para acreditar el delito, logrando finalmente la detención de su agresor, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, Báez enfatizó que su caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis de impunidad en Jalisco, estado donde el 98% de los delitos de causa penal no obtienen resolución, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad absoluta ante instituciones que deberían garantizar sus derechos.
La activista señaló que durante este tiempo no solo ha tenido que enfrentar a su atacante, sino también el desgaste emocional y económico derivado de la incompetencia de jueces y magistrados. Asimismo, denunció las omisiones de la Universidad de Guadalajara, institución que, tras acreditar conductas impropias de su personal académico y administrativo en la cobertura del delito, impuso sanciones mínimas e insuficientes.
Ante este panorama de revictimización y riesgos de seguridad que la han obligado a buscar medidas de protección, Daniela Báez hizo un llamado urgente al Poder Judicial.
Exigió que la audiencia intermedia, programada para el próximo 23 de junio, sea conducida por el juez Arturo González Santana con estricta ética jurídica, perspectiva de género y total imparcialidad, demandando una rendición de cuentas efectiva que rompa con la simulación institucional que ha imperado en su caso.
