UN GOBIERNO ENTRE EL BARRO Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA, EL DE LAURA IMELDA
Por: Redacción/ TEN/ Política
Una vez más en lo que va de la administración municipal que preside la morenista Laura Imelda Pérez Segura, San Pedro Tlaquepaque se encuentra en el centro de un conflicto administrativo tras incurrir en contradicciones documentales sobre el costo, origen y gestión de la campaña publicitaria “Tlaquechat”, situación que ha levantado serios cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio alfarero.
Lo que comenzó como una justificación de recuperación fiscal por parte de la autoridad, terminó convirtiéndose en la desaparición administrativa de una deuda millonaria y la negación de información pública esencial.
La incertidumbre institucional comenzó el pasado 16 de abril de 2026, cuando se solicitó al municipio conocer los contratos y costos de los espectaculares de la campaña “Tlaquechat”.
En aquella ocasión, bajo el expediente UT 395/2026, la Sindicatura Municipal respondió mediante el oficio SMT 0474/2026 que la publicidad no había representado un gasto para el erario, pues derivaba de una “donación en pago” por adeudos que una empresa publicitaria mantenía con el gobierno local.
En dicho documento, la autoridad detalló que el acuerdo incluía el uso de espacios por un valor de 25,000 pesos por una vigencia de dos meses, además de estructuras adicionales sin costo extra.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente apenas 20 días después, el 12 de mayo, al ingresar una segunda solicitud (Expediente UT 788/2026) con el objetivo de conocer el nombre de la empresa deudora y los detalles del contrato incumplido.
En esta segunda instancia, a través del oficio SMT 658/2026, la Sindicatura dio un giro total a su versión: calificó la existencia del adeudo como una “premisa errónea”, declarando la inexistencia de cualquier contrato previo, monto presupuestado o número de espectaculares asignados. Con esta resolución, validada por la Unidad de Transparencia como una “Afirmativa Parcial”, el Ayuntamiento optó por entregar las ubicaciones actuales de la publicidad, pero se negó a revelar el origen jurídico de la presunta deuda y la identidad del proveedor beneficiado.
El enredo institucional se profundiza al contrastar esta postura con la información financiera oficial del municipio. Mientras la Sindicatura insiste en la inexistencia de datos sobre la publicidad, la Secretaría de Administración y Finanzas informó, mediante el oficio 12007/2026, que el Ayuntamiento sí erogó recursos públicos para la rotulación de 100 bardas, con un gasto total de 69,000 pesos —a razón de 690 pesos por unidad—. Pese a que el pago está documentado, la Sindicatura Municipal sostiene que en sus acervos no existe información, ubicación exacta ni registros fotográficos que permitan acreditar la realización de dicho servicio.
Esta falta de coordinación interna deja al descubierto un escenario donde, mientras el municipio paga por publicidad exterior, las instancias encargadas de custodiar los bienes y el patrimonio público declaran desconocer el destino final de los recursos.
