LEGISLADORES APRUEBAN EN COMISIÓN DE HACIENDA BENEFICIO PARA ALGUNOS USUARIOS DEL SIAPA
“Una vez más, diputadas y diputados de la LXIV legislatura de Jalisco aplican medidas preferenciales, bajo argumentos cuestionables y excluyentes”
Por: Redacción/ TEN/ Salud/ Política
Una crisis de salud pública de graves dimensiones se gesta en el área metropolitana de Guadalajara, donde el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha dejado de garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano.
Diversos análisis químicos y bacteriológicos aplicados al agua de la red pública han revelado la alarmante presencia de heces fecales, metales pesados y otros contaminantes altamente nocivos. Esta situación no solo pone en riesgo inmediato la salud de la población frente a infecciones y enfermedades crónicas, sino que ha desatado una emergencia financiera para miles de familias y pequeños comercios, obligados a incurrir en costosos gastos extraordinarios para adquirir garrafones, contratar pipas de agua privadas e instalar complejos sistemas de filtración doméstica.
Ante la magnitud del problema y el reconocimiento implícito de la toxicidad del recurso que llega a los hogares, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, presidida por la diputada emecista Gabriela Cárdenas Rodríguez, aprobó por unanimidad un dictamen para que el SIAPA aplique un descuento del 80% en las tarifas del servicio durante el ejercicio fiscal 2026.
Esta medida, que unifica dos iniciativas previas gracias al consenso de todas las fuerzas políticas con nueve votos a favor, busca desde la percepción de los legisladores, mitigar el duro impacto económico de los contribuyentes que pagan por un recurso inutilizable, bajo la premisa legislativa de que representa un acto de justicia básica el no cobrar de manera íntegra por un servicio deficiente y peligroso, aunque no se tocaron aspectos como la retroactividad, ni el tiempo en que los usuarios han recibido “veneno” en sus redes hidráulicas domiciliarias, ni explicar sobre la responsabilidad que deben enfrentar las autoridades por deslindarse de la responsabilidad plasmada en el Artículo 115 Constitucional por incumplir su compromiso adquirido cuando rindieron protesta, de cumplir y hacer cumplir la Ley.
Lejos de dar solución de fondo, esta medida parece más una acción desesperada para calmar la inconformidad de millones de usuarios que han manifestado la gravedad del problema. Y para delimitar a quiénes recibirán este beneficio fiscal, el Congreso del Estado solicitará formalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el listado oficial de las colonias y viviendas afectadas por recibir líquido de mala calidad.
El descuento anunciado, del 80% estará topado a consumos de hasta 25 metros cúbicos por vivienda y se extenderá también a los pequeños comercios de la zona conurbada, excluyendo por completo a las grandes industrias. Asimismo, las y los legisladores previeron un mecanismo para que aquellos usuarios cuyas colonias no figuren en el padrón inicial de la CEDHJ puedan solicitar de forma individual la revisión de su caso ante el SIAPA, siempre y cuando acrediten técnicamente las afectaciones en la calidad del agua de sus hogares.
La viabilidad técnica de este descuento se fundamenta en que el 20% restante de la tarifa que los ciudadanos seguirán pagando corresponde estrictamente a los servicios de alcantarillado y drenaje, los cuales continúan operando, concentrando así el subsidio total en el rubro de suministro de agua potable.
Mientras los representantes de las distintas bancadas en el Congreso local coincidieron en que este dictamen coloca a las personas en el centro de las decisiones y alivia temporalmente los bolsillos de los afectados, la urgencia ciudadana sigue latente en las calles de la metrópoli, donde se exige que esta compensación económica sea solo el preludio de soluciones de fondo, de infraestructura y de saneamiento que detengan la crisis sanitaria y garanticen, finalmente, el derecho humano al agua limpia y segura.
