FRENAR ECOCIDIO INMOBILIARIO EN TLAJOMULCO Y SALVAR ZONA DE RECARGA HÍDRICA, ALERTA DIPUTADA DEL PVEM
Por: Redacción/ TEN/ Medio Ambiente
La sombra de un ecocidio inminente amenaza sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara, tras la denuncia pública interpuesta por la diputada local Brenda Guadalupe Carrera García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien alertó sobre la inviabilidad legal, ambiental y estructural del proyecto inmobiliario denominado Santa Anita Hills, también conocido como Bosque Alto.
Dicho desarrollo pretende edificar sobre un predio de 60 hectáreas que alberga alrededor de 20,000 encinos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Aunque se argumenta que la ubicación en mención se encuentra fuera de los límites de la Reserva de la Biósfera del Bosque La Primavera —reconocida por la UNESCO desde 2006—, los especialistas advierten que la zona funciona como un área de transición y amortiguamiento vital para la continuidad del ecosistema, por lo que su fragmentación generará afectaciones irreversibles en la recarga hídrica, la biodiversidad y microclimas en la región.
La argumentación jurídica de la denuncia expone severas violaciones al marco legal vigente. Principalmente, se ha ignorado la restricción contenida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y las normativas estatales, las cuales prohíben categóricamente la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que hayan sufrido incendios antes de que transcurran 20 años, con el fin de garantizar su regeneración.
Según consta en el informe oficial de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) bajo el expediente 14-14-0067, el predio fue afectado por el fuego, lo que inhabilita cualquier permiso de construcción inmediato. Asimismo, el expediente arrastra vicios de origen desde 1999 al no acreditarse la propiedad completa del terreno conforme a la legislación urbana de la época, sumado a que los derechos fueron transferidos a un fideicomiso antes de la solicitud de las licencias.
La omisión institucional violenta de forma directa el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, así como el acceso al agua salubre.
Tlajomulco enfrenta una crisis de desabasto severa que mantiene al 25% de sus colonias sin un suministro constante de agua, una situación que se agravaría al pavimentar esta zona de absorción. Por otro lado, estudios hidrogeológicos han detectado la presencia de metales pesados, nitratos y arsénico en los acuíferos locales, lo que contraviene los criterios de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 sobre agua para uso y consumo humano.
Los dictámenes técnicos emitidos por las unidades de Protección Civil estatal y municipal, que fueron ignorados por las autoridades otorgantes, califican el área como de un riesgo geológico y civil extremo. Al presentar pendientes superiores a los 30 grados y estar catalogada como una zona sísmica Tipo C, la remoción de la cobertura vegetal desataría aludes de lodo y deslizamientos de tierra.
Los cálculos de impacto hídrico revelan que la impermeabilización del suelo elevará los escurrimientos pluviales en un 147%, disparando el caudal de 27 a más de 40 metros cúbicos por segundo, un escenario crítico para las poblaciones de las zonas bajas que reviviría emergencias por inundaciones como las sufridas en 2019.
Ante la evidencia de que las medidas de mitigación avaladas son insuficientes y de que se vulneraron los preceptos de la Ley de Protección a la Conservación Ambiental del Estado de Jalisco, la exigencia parlamentaria se enfoca en que el Congreso del Estado apruebe la declaratoria del predio como Zona de Recuperación Ambiental, replicando el precedente legal aplicado en el Cerro El Tajo en 2018.
El llamado de urgencia apela formalmente al principio de precaución amparado en el derecho internacional ambiental, obligando a detener toda actividad urbanística ante la certeza de daños catastróficos. Respaldada por más de 7,000 denuncias ciudadanas y 4,500 quejas vecinales formales, la advertencia es clara, “avalar Santa Anita Hills representa repetir los errores de planeación del pasado, hipotecando la seguridad y el derecho al agua de las próximas generaciones en favor de intereses particulares” advirtió la Diputada Carrera García.
