OCIOSIDAD LEGISLATIVA CON GOCE DE SUELDO, IMPRODUCTIVIDAD AVALADA POR LEY
Por: Redacción/ TEN/ Política
Mientras la mayoría de la fuerza laboral mexicana lidia con esquemas vacacionales rigurosos y atados a la antigüedad, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco paraliza sus funciones legislativas y administrativas durante tres periodos anuales.
De todos ellos, la llamada ociosidad legislativa con goce de sueldo o receso obligatorio, que abarca desde la última semana de julio hasta la primera de agosto se mantiene como el blanco preferido de los señalamientos de la ciudadanía, la cual cuestiona el impacto presupuestal y el estancamiento de iniciativas prioritarias a costa del erario público.
La génesis de esta particular pausa veraniega remite a las dinámicas cotidianas del propio recinto parlamentario. De acuerdo con testimonios y versiones recabadas entre el personal operativo del Congreso estatal, la medida cobró fuerza legislativa impulsada por el descontento que manifestaba el entonces diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera.
Al legislador le resultaba sumamente incómodo observar que los empleados de base e intermedios acudían a las instalaciones con sus hijos en edad escolar durante los recesos académicos de educación básica, ante la falta de alternativas de cuidado infantil.
Para erradicar la presencia de los menores en los pasillos y oficinas del recinto de Hidalgo #222, la salida institucional consistió en formalizar mediante decreto un receso extraordinario que coincidiera con la pausa del calendario de la Secretaría de Educación Pública.
Con el paso de los años, aquel reacomodo motivado por la molestia individual de un personaje político —hoy distante del mapa legislativo local— se institucionalizó dentro de las Condiciones Generales de Trabajo y el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Dicho marco legal terminó por consolidar tres periodos inhábiles al año de diez días cada uno, un privilegio que contrasta drásticamente con las condiciones de la mayoría de los trabajadores en el sector privado y en diversas dependencias públicas.
Hoy en día, la indignación ciudadana no responde únicamente al origen del privilegio, sino a la incapacidad manifestada por las sucesivas legislaturas para derogar o modificar la norma.
Pese a las constantes críticas sobre el rezago en la dictaminación de iniciativas, la falta de consenso en reformas estructurales y la cuestionada productividad de la representación popular, las y los diputados actuales prefieren mantener intactas las tres pausas anuales.
La parálisis de actividades a finales de julio implica el cierre total del Palacio Legislativo, la suspensión de plazos legales y la pausa en comparecencias o análisis presupuestales clave.
Para la opinión pública, sostener una nómina de 38 legisladores y más de mil empleados bajo un esquema que otorga de manera sistemática días improductivos pagados representa un costo desmedido e injustificable, en un estado donde las demandas de fiscalización, seguridad y presupuesto exigen un trabajo legislativo de tiempo completo.
