Crece sin control el “Frankenstein grullero” aliado de gobiernos abusivos

«Lo que surgió como una necesidad para eficientar el retiro de vehículos descompuestos de la vía pública y permitir el transito fluido en las calles, se convirtió en un jugoso negocio en donde operan de manera amafiada, grulleros y elementos de la policía vial, bajo la tolerancia institucional». 

Por: Redacción/ TEN/ Política

El abuso de autoridad y el contubernio entre policías viales y empresas de grúas ha dejado de ser un incidente aislado para convertirse en un patrón sistemático de extorsión ciudadana reportado en diversos municipios del estado de Jalisco.

Lejos de limitar esta problemática a la capital tapatía, la red de irregularidades se extiende por distintas demarcaciones de la entidad, vulnerando la certeza jurídica de automovilistas y motociclistas bajo un esquema que prima la recaudación irregular y el beneficio de intereses particulares por encima de la ley.

Por ejemplo, en San Pedro Tlaquepaque, este escenario derivó en denuncias públicas por parte de la exdiputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, quien visibilizó operativos en los que vehículos son retirados de la vía pública mediante procedimientos al margen de la legalidad.

Los conductores enfrentan una estrategia coordinada de infracciones y aseguramientos bajo distintos pretextos para enviar sus unidades a corralones a través de empresas de grúas no identificadas.

La irregularidad de origen radica en que la contratación de estas unidades se realiza de forma directa y arbitraria, omitiendo el mandato legal que exige canalizar las solicitudes a través de la Cabina Única de la Secretaría de Seguridad Pública. Una vez detenida la unidad, el ciudadano queda acorralado ante dos alternativas, la primera, someterse al traslado al corralón con multas e ingresos desproporcionados, o ceder a esquemas de extorsión donde los propios operadores solicitan transferencias de hasta cuatro mil pesos a cuentas bancarias particulares para evitar el remolque. Frente a este panorama, se ha exhortado a las autoridades municipales a transparentar el número de vehículos asegurados en el año, la identidad de las empresas involucradas, los contratos vigentes y los montos recaudados, demandando investigaciones inmediatas para sancionar a los servidores públicos en complicidad.

La arbitrariedad institucional adquiere matices aún más severos en el municipio ribereño de Chapala, donde a la discrecionalidad del servicio se suma un flagrante conflicto de intereses. En dicha demarcación opera un esquema de monopolio tolerado en favor de una sola empresa grullera que mantiene un pacto de exclusividad con el gobierno municipal.

La falta de competencia y la colusión directa entre la autoridad local y el concesionario privan al ciudadano de toda defensa legal, consolidando una estructura donde la grúa funciona como un brazo de retención discrecional antes que como un servicio público auxiliar.

Por su parte, en el área conurbada de Guadalajara la problemática ha alcanzado niveles críticos en el marco de los operativos dedicados al aseguramiento de motocicletas.

En estas intervenciones se ha vuelto cotidiana la práctica inconstitucional de cargar hasta una veintena de unidades motorizadas en una sola plataforma de grúa, para posteriormente exigir el cobro individualizado del costo del arrastre a cada uno de los propietarios.

Este procedimiento no solo vulnera las garantías constitucionales al aplicar múltiples cobros sobre un mismo trayecto operado, sino que pone al descubierto una lógica estrictamente recaudatoria y punitiva que desvirtúa la función original de la autoridad en materia de tránsito y vialidad, en donde el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monráz Villaseñor deja en claro que los suyo, no es la honestidad de servir a los jaliscienses sino servir al proyecto recaudatorio de Movimiento Ciudadano.