Costa Rica da muestra de soberanía y fija postura contra grupos delictivos mexicanos

Por: Redacción/ TEN/ Política/ Orbe

Con un firme mensaje de soberanía, cero tolerancias y la adopción de una política de seguridad de mano dura, el Gobierno de Costa Rica ha elevado el tono diplomático y formalizado una postura frontal contra el crimen organizado transnacional, señalando de manera directa la incursión y los estragos causados por las estructuras delictivas procedentes de México y Colombia.

El pronunciamiento tuvo lugar durante la inauguración oficial del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), un complejo penitenciario de máxima seguridad impulsado por la mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.

La obra, diseñada bajo los estándares de aislamiento severo e inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, se erige como la principal apuesta del Ejecutivo costarricense para neutralizar a los liderazgos del narcotráfico, sicarios y financistas de alta peligrosidad que operan en la región.

Durante el acto protocolario, la mandataria Fernández Delgado subrayó la firmeza institucional de su administración al advertir que la histórica tradición de paz, democracia y estabilidad de la nación centroamericana se ha visto gravemente amenazada por la violencia desmedida del narcotráfico transnacional.

En su discurso, enfatizó que durante años las organizaciones criminales internacionales —y en particular los cárteles mexicanos y colombianos— como el de Sinaloa, del Noreste (antes Zetas), la nueva familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Cárteles Unidos, quienes han intentado adueñarse del territorio costarricense para establecer centros de operaciones, rutas de transbordo de droga y disputas territoriales mediante tácticas terroristas.

Ante este escenario, la jefa de Estado envió una advertencia unificada a las cúpulas delictivas, asegurando que el tiempo de la impunidad y la debilidad del Estado ha llegado a su fin.

Detalló que el CACCO no representa únicamente infraestructura física de concreto y acero, sino el ejercicio legítimo de la fuerza estatal, donde los criminales cumplirán sus condenas en condiciones de estricto aislamiento, incomunicados y sin margen para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales.

Asimismo, Laura Fernández destacó el respaldo y el intercambio de experiencias en seguridad regional con naciones vecinas, haciendo alusión al modelo de contención implementado en El Salvador. No obstante, puntualizó que la obra fue financiada de manera íntegra con fondos del presupuesto nacional de Costa Rica, reafirmando la autonomía financiera y la determinación soberana de su país en esta ofensiva anticorrupción y antinarcóticos.

La postura oficial adoptada por San José refleja una tendencia creciente en el continente americano, donde diversos gobiernos han endurecido su discurso y sus medidas de seguridad exterior frente al accionar de los cárteles mexicanos.

Países como Estados Unidos, previamente hizo una declaración similar contra esos grupos y los definió como narcoterroristas.

Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, han catalogado formalmente a las facciones narcotraficantes como grupos terroristas y beligerantes no estatales.

De forma similar, el Gobierno de El Salvador ha mantenido una política de tolerancia cero frente a las redes criminales transnacionales que buscan asentarse en el Istmo, mientras que administraciones de la región andina y norteamericana exigen de manera recurrente mayor corresponsabilidad operacional en el combate al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Con la apertura de este complejo penitenciario, el Gobierno costarricense reafirma su decisión de cerrar filas internamente y enviar una señal tajante a las redes internacionales de narcotráfico, cualquier intento por vulnerar el orden legal y la seguridad del país será respondido con la máxima severidad del aparato de justicia.