Cobrar en PROEPA descuidando el medio ambiente, es complicidad ecocida y fraude

Por: Redacción/ TEN/ Medio Ambiente

La inacción y la ineficacia institucional de las autoridades ambientales en Jalisco han quedado exhibidas de manera contundente, mientras los desastres ecológicos se acumulan en distintos puntos del estado sin que existan respuestas a la altura de la emergencia.

Durante su reciente comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Yussara Elizabeth Canales González, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), Iker Frangie Martínez Gallardo, ofreció una tibia rendición de cuentas que dejó en evidencia el lamentable desempeño de la dependencia a su cargo.

Convocado para informar sobre las acciones de inspección y vigilancia realizadas ante los gravísimos derrames, escurrimientos y posibles filtraciones de lixiviados vinculados con los rellenos sanitarios de Picachos y Hasar’s, así como las afectaciones denunciadas en el río Milpillas y la emblemática cascada de Huaxtla en Zapopan, el funcionario no logró mitigar la indignación de los legisladores ni del sector ambientalista.

Durante el desarrollo del ejercicio de fiscalización, diputadas y diputados cuestionaron severamente al procurador sobre las medidas preventivas e impositivas para frenar la contaminación, la atención directa brindada a las comunidades damnificadas y la opacidad en torno a la reparación de los daños causados. Asimismo, se le exigió transparentar los posibles conflictos de interés relacionados con la gestión de estos sitios de disposición final. Sin embargo, el actuar del hijo del actual presidente municipal de Zapopan al frente del organismo fiscalizador se limitó a escudarse en que la PROEPA se encuentra acotada para dar respuesta rápida debido a que carece de facultades expresas para actuar en diversos supuestos, confirmando que, ante las recurrentes crisis ambientales que sofocan al territorio jalisciense, tanto la dependencia como su titular funcionan más como un simple adorno gubernamental que como un escudo de protección ecológica.

En paralelo a esta demostración de parálisis burocrática en la sede del Poder Legislativo, una severa emergencia ambiental encendía de forma simultánea las alarmas en la región de Los Altos de Jalisco, dejando al descubierto la falta de supervisión y contención en la industria.

Un derrame masivo de vinazas —residuo líquido altamente contaminante derivado del proceso de destilación en una planta tequilera— generó zozobra en las inmediaciones de Atotonilco el Alto, amenazando directamente la biodiversidad local y la calidad de las fuentes de agua subterráneas y superficiales, con un impacto nefasto para la flora, la fauna y los suelos agrícolas de la zona. Caracterizadas por sus elevadas temperaturas, un pH extremadamente ácido y una sofocante carga de materia orgánica, las vinazas vertidas de forma descontrolada degradan severamente los ecosistemas al anular el oxígeno indispensable para la vida acuática e inhabilitar la fertilidad del suelo al no recibir el tratamiento industrial obligatorio.

Aunque la gravedad del siniestro movilizó a cuerpos de rescate, autoridades locales e inspectores para iniciar investigaciones e intentar ejecutar protocolos de contención que frenen la mancha contaminante, el suceso pone nuevamente sobre la mesa la impunidad y el severo costo ecológico de la producción tequilera cuando se incumplen las normativas de manejo sustentable de residuos.

Este nuevo episodio ha encendido la indignación de pobladores, agricultores y defensores del medio ambiente, quienes no solo exigen la mitigación inmediata de las áreas impactadas y sanciones ejemplares para los responsables, sino una profunda reestructuración de los mecanismos de vigilancia gubernamental que, lejos de proteger los recursos naturales del estado, continúan tambaleándose entre la omisión institucional y el discurso político.