DEL MODELO DE PREPAGO OFICIAL «TISA», DESCONFÍAN TRANSPORTISTAS.
Representantes de las rutas 24, 626, 645, 625, 619-A, 624, 358 y 701, pertenecientes la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ), en rueda de prensa dieron a conocer a través de su líder camionero, Enrique Galván Vargas; la desconfianza que se ha incrementado entre este sector y la implementación del modelo llamado «ruta empresa», el cual hasta el momento se encuentra en función, afectando al gremio transportista.
Ante las medidas represivas impuestas por el actual titular de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor; coaccionando la voluntad de los transportistas, a quienes sistemáticamente les han retirado de la circulación sus unidades, y a cambio de liberarlas, ponen como condicionante la firma a favor de la introducción del sistema de prepago con la empresa que indica la dependencia oficial, «TISA».
Situación que preocupa a los afectados, quienes «amagados» por las prácticas autoritarias de Monraz Villaseñor y sus aliados, se mantienen sujetos a la voluntad de los funcionarios del gobierno del Estado.
A decir de Enrique Galván Vargas, los señalamientos que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez ha externado en los medios informativos, contra su persona, es un recurso desesperado del ejecutivo estatal por verse superado por las propias leyes que, como último recurso, los transportistas de las diferentes rutas afectadas, han tenido que recurrir con herramientas legales para tratar de hacer valer sus derechos obtenidos de manera genuina, licita y honradamente.
«La difamación de que he sido objeto, por parte del gobernador, tiene que ver más con aspectos personales y no tiene la razón; pues nuestras unidades no circulan fuera de la ley, tenemos la resolución judicial correspondiente que nos habilita para la prestación del servicio hasta el año 2026» dijo.
La desconfianza que ha crecido entre los propietarios de las unidades, es latente, debido a los manejos ventajosos que han implementado administrativamente en las dependencias involucradas; pues no solamente, les condicionan los tiempos de pago hasta un mes posterior a otorgado el servicio, la forma del mismo, además de considerarse rehenes de los operativos oficiales que bajo cualquier criterio, retienen las unidades y propician la recaudación forzada, a través de multas y sanciones.
