Luego de que el pasado 25 de septiembre, en el Congreso del Estado se aprobaran modificaciones sustanciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 27 votos a favor y 8 en contra del PRI y MORENA, en lo general las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco.
Y en lo particular, se revisaron diversos cambios propuestos al dictamen en donde se aprobó eliminar el haber de retiro a magistrados, y aplicar exámenes de confianza.
Como prestación los jueces se podrán jubilar al cumplir 30 años de trabajo y en aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), que tengan 65 años cumplidos, se hayan reelegido por lo menos dos veces, y que no tengan en su expediente ninguna sanción.
Esto fue lo que apareció (en la letra); sin embargo ya en la realidad, desde dos meses antes en el poder judicial, la mayoría de los empleados ya advertían que estas adecuaciones al documento que rige la vida activa de jueces, magistrados y personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual fue nombrado coloquialmente como la Ley «Maytorena».
Se trata de la creación de un «traje a la medida», impuesto por el titular del ejecutivo Enrique Alfaro Ramírez, mismo que rompe con el argumento utilizado por el gobernador del Estado, quien ha manifestado en todos sus discursos, estar comprometido con el combate a la corrupción.
Algo más alejado de esto, es lo que ha planeado en contubernio con la mayoría de los diputados del Poder legislativo de esta LXII legislatura, quienes de manera intempestiva y en «fast track» sacaron las adecuaciones, mismas que contienen muchas violaciones a los derechos de los empleados del poder judicial, y en sí, a la misma institución judicial.
