EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN JALISCO ES UNA UTOPÍA, ALFARO AMAGA AL PODER JUDICIAL.
Luego de que el pasado 25 de septiembre, en el Congreso del Estado se aprobaran modificaciones sustanciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 27 votos a favor y 8 en contra del PRI y MORENA, en lo general las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco.
Y en lo particular, se revisaron diversos cambios propuestos al dictamen en donde se aprobó eliminar el haber de retiro a magistrados, y aplicar exámenes de confianza.
Como prestación los jueces se podrán jubilar al cumplir 30 años de trabajo y en aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), que tengan 65 años cumplidos, se hayan reelegido por lo menos dos veces, y que no tengan en su expediente ninguna sanción.
Esto fue lo que apareció (en la letra); sin embargo ya en la realidad, desde dos meses antes en el poder judicial, la mayoría de los empleados ya advertían que estas adecuaciones al documento que rige la vida activa de jueces, magistrados y personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual fue nombrado coloquialmente como la Ley «Maytorena».
Se trata de la creación de un «traje a la medida», impuesto por el titular del ejecutivo Enrique Alfaro Ramírez, mismo que rompe con el argumento utilizado por el gobernador del Estado, quien ha manifestado en todos sus discursos, estar comprometido con el combate a la corrupción.
Algo más alejado de esto, es lo que ha planeado en contubernio con la mayoría de los diputados del Poder legislativo de esta LXII legislatura, quienes de manera intempestiva y en «fast track» sacaron las adecuaciones, mismas que contienen muchas violaciones a los derechos de los empleados del poder judicial, y en sí, a la misma institución judicial.
Este martes primero de octubre en el pleno del supremo tribunal de justicia del estado, los magistrados (22 de 32) analizaban la posibilidad de hacer valer sus derechos laborales e interponer la controversia constitucional a la ley orgánica del poder de judicial recientemente modificada, así como la promulgación de dos amparos, por diversos puntos, entre ellos los nuevos requisitos de la convocatoria para nombramientos.
El haber de retiro que cambia el beneficio de 6 meses de gratificación a solamente 15 días. El miedo que invade al personal del poder judicial y el temor fundado de los magistrados, radica a una serie de amenazas emitidas por el gobernador Enrique Alfaro, quien, según coinciden algunos afectados, desatará medidas radicales por interponer el recurso de controversia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tales como congelar las cuentas bancarias, entre otras que repercutirían en la carrera profesional de los empleados.
Los diputados ajustaron los requisitos para ser juez, eliminando la ratificación (dos periodos ratificados) que anteriormente era de 4 años y ahora solamente 3 años, situación que deja entre ver intereses que no solamente beneficia a algunos cuantos personajes, entre ellos a la abogada Claudia Esperanza Rivera Maytorena, como Juez de Primera Instancia, a partir del 1° primero de septiembre del 2016 y por 4 cuatro años, teniendo como primera adscripción el Juzgado Octavo Especializado en Materia Oral Mercantil y hasta que el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado lo determine.
Se trata de quien es la esposa del juez décimo cuarto de lo penal, Carlos Alberto Fregoso Reyes, señalado por empleados del propio juzgado, quienes el pasado mes de mayo del 2019 denunciaron públicamente al funcionario quien les cobraba la mitad de los sueldos a algunos empleados; situación que evidenciara el consejero juez de la Judicatura del Estado, Jorge García González, quien puntualizó que «los trabajadores del Consejo de la Judicatura eran forzados a entregar ese dinero de su salario bajo la amenaza de despedirlos».
Así las cosas en torno al combate a la corrupción en el estado de Jalisco y los dobles discursos oficiales, el tráfico de influencias, las amenazas, el abuso de autoridad y el comportamiento amafiado entre poderes.
Ante esta situación surge la pregunta que entre los empleados de uno de los poderes gubernamentales en la entidad, en torno a la tan «cacareada» REFUNDACIÓN; ¿Que se espera entonces con su reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco?, que el Gobernador y los Diputados actuando en complicidad, escojan a sus correspondientes amigos o a funcionarios de carrera judicial, y por parte del Partido Acción Nacional (PAN), ya les llegaron al precio y ahora ¿les venderán las plazas?.
Queda en claro que en Jalisco estamos lejos de alcanzar una democracia fuera de corrupción; finalmente queda en el aíre la pregunta, ¿El presidente del Supremo tribunal de justicia del Estado tendrá miedo a presentar el juicio de Controversia ante la SCJN?
