Una actividad que en sus inicios generara amplia expectativa entre miles de personas de todo el país, ahora es un problema complicado, ya que las condiciones laborales y de gratificación se han desvirtuado, absorbiendo el operador de las unidades, hasta el 80 por ciento de las deducciones, penalizaciones y otras retenciones que las transnacionales aplican sin mayor explicación.
Al menos medio centenar de prestadores de estos servicios hicieron un recorrido por una ruta establecida para llegar al Congreso de Jalisco, con la leyenda a favor de la LeyAap en sus vehículos, sin embargo fueron reprimidos por las autoridades viales.
En rueda de prensa, la Dip. Federal con licencia, Abril Alcalá Padilla, señaló que al igual que otras simulaciones gubernamentales, esta actividad ha sido manipulada por las propias autoridades, que han omitido su responsabilidad, permitiendo el abuso de las transnacionales, quienes trasladan dichas obligatoriedades a los denominados “socios”.
“Ellos asumen los costos generales generados por el mantenimiento de la unidad, los pagos de impuestos federales y estatales, el pago de los seguros de los vehículos (30 mil pesos), hasta imprevistos donde se vean involucrados los operadores, llámense incidentes, accidentes o imprevistos” dijo.
Agregó Alcalá Padilla que empresas como Uber, Didi y otras, disponen, administran, califican y se reservan las decisiones laborales para cubrir los ingresos de sus “socios”, sin embargo, esto es manejado discrecionalmente, lo que ha generado descontento entre los “socios” de estas plataformas de servicio. “Trabajan en esto más de 500 mil personas en todo el país, solamente en Jalisco se estima que 50 mil personas trabajan como conductores de servicio público de transportes, otros 250 mil participan en servicios de entrega de alimentos, de estos, al menos 100 mil se desempeñan como repartidores de productos y 150 mil más dan servicio a restauranteros”.
Explicó que por cada 100 pesos, la plataforma se lleva más del 50 por ciento, pero no cumple con alguna obligatoriedad laboral, “les cobran 25 por ciento por concepto de taza de servicio, 2.1 por ciento por ISR, 8.0 por ciento de IVA, 1.5 por ciento de impuesto estatal, 9.0 por ciento por solicitud de servicio, además de otras por concepto de reducción de tarifa por promoción (establecida por la compañía) y sanciones por cancelaciones o quejas de los usuarios, a eso hay que agregar que por el uso de la plataforma, los operadores (socios) pagan otros 25 pesos y la gasolina, refacciones, etc”.
Recordó la política jalisciense que esta actividad se encuentra muy lejos de lo que pudiera considerarse un TRABAJO DIGNO, es por eso que ya se planea una serie de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Procuraduría Federal del Consumidor sea competente en lo relativo a las comisiones y tasas que se cobran por servicios relacionados con aplicaciones digitales, garantizando que no se puedan invocar términos y condiciones de uso o servicio al momento de solicitar su intervención.
Explicó que por cada 100 pesos, la plataforma se lleva más del 50 por ciento, pero no cumple con alguna obligatoriedad laboral, “les cobran 25 por ciento por concepto de taza de servicio, 2.1 por ciento por ISR, 8.0 por ciento de IVA, 1.5 por ciento de impuesto estatal, 9.0 por ciento por solicitud de servicio, además de otras por concepto de reducción de tarifa por promoción (establecida por la compañía) y sanciones por cancelaciones o quejas de los usuarios, a eso hay que agregar que por el uso de la plataforma, los operadores (socios) pagan otros 25 pesos y la gasolina, refacciones, etc”.
