Analizan en San Lázaro marco jurídico pro tauromaquia
“El análisis del documento conformado por decenas de iniciativas que establece las condiciones que permitan a criadores de esta especie bovina, dignificar el manejo y cuidados de los toros de lidia, lo que deja abierta la posibilidad de regularizar las corridas de toros en diversas plazas del país.”
Por: Redacción/ TEN/ Medio Ambiente/ Política
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados ha puesto sobre la mesa del Pleno un dictamen de alto impacto jurídico e institucional: el proyecto relativo a la minuta remitida por el Senado de la República el 29 de septiembre de 2026 —y turnada formalmente el 30 de septiembre mediante el oficio CS-LXVI-III-1P-12, expediente 9714—, por la que se expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y se reforman, adicionan y derogan disposiciones de cinco cuerpos normativos federales: la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Protección Civil y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. El documento, estructurado a partir de una metodología de cinco apartados —antecedentes, contenido de la minuta, opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, consideraciones y decreto—, condensa un debate parlamentario que ha acumulado cerca de tres decenas de iniciativas presentadas entre diciembre de 2024 y noviembre de 2026 por legisladores de diversas fuerzas políticas, incluidos Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el plano sustantivo, la minuta articula una nueva ley general integrada por seis títulos y 125 artículos que parte del reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado humano, incorporando el enfoque de los cinco dominios del bienestar animal.
Su arquitectura institucional reparte competencias entre la Federación —con participación de Agricultura, SEMARNAT y Salud—, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materias de inspección, vigilancia, rescate, atención, registro y ejecución de políticas públicas. Asimismo, diseña un entramado de planeación y control que abarca la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas especiales y estatales, un Subsistema de Información, el Registro Nacional de Animales de Compañía, estándares, normas oficiales mexicanas en el ámbito federal e instrumentos económicos. A ello se suman deberes mínimos de manutención, alojamiento digno, atención veterinaria y aislamiento estrictamente excepcional, junto con un catálogo enunciativo y no limitativo de maltrato y crueldad que sanciona el sufrimiento prolongado, la muerte injustificada de animales sanos, el suministro de sustancias nocivas, las mutilaciones estéticas, el abandono, la zooerastia, el transporte inadecuado y las investigaciones fuera de protocolos éticos, además de prohibir expresamente las peleas de perros y ciertos usos en propaganda, premios o manifestaciones, e instaurar la reparación del daño físico, conductual y de manutención.
La trascendencia de este andamiaje normativo adquiere una dimensión particularmente sensible y contenciosa frente a la tauromaquia y las corridas de toros en México. Aunque el fragmento sintetizado del dictamen no menciona de manera explícita a los espectáculos taurinos —y en cambio explicita prohibiciones como las peleas de perros o ciertos usos en manifestaciones, premios o propaganda—, la consagración legal de los animales como seres sintientes, la incorporación de los cinco dominios del bienestar animal y la tipificación enunciativa de conductas como provocar una muerte con sufrimiento prolongado o dar muerte injustificada a animales sanos alteran el marco conceptual y regulatorio en el que suelen defenderse las prácticas tradicionales.
En el debate público y jurídico mexicano, la colisión entre el bienestar animal como principio de orden general y las excepciones o regímenes especiales invocados para espectáculos con animales —incluidas las corridas de toros, tanto en su dimensión de espectáculo como en la cría del toro de lidia y su eventual vínculo con la sanidad animal o la vida silvestre— constituye uno de los puntos de mayor fricción legislativa, social y económica.
Para quienes defienden la fiesta brava y para los sectores ganaderos y culturales vinculados a ella, cualquier ley general que eleve el estándar de bienestar y sancione el sufrimiento o la muerte no justificada de animales sanos representa un riesgo directo de restricción, litigiosidad o prohibición indirecta vía normas locales, reglamentos municipales o criterios de inspección y vigilancia, especialmente cuando la minuta distribuye atribuciones entre los tres órdenes de gobierno y exige coherencia con leyes ambientales y de sanidad animal.
Por el contrario, para los colectivos proteccionistas y los impulsores de una agenda de bienestar animal más estricta, la ausencia de cláusulas de exclusión amplias o la fuerza normativa de los principios de sintiencia y prohibición del sufrimiento prolongado abren la puerta a acotar o erradicar espectáculos que infligen dolor o muerte a los animales, o al menos a exigir que las actividades productivas y recreativas se sometan a estándares verificables de trato digno.
De ahí que la lectura de este dictamen por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales resulte decisiva: más allá del detalle de las reformas conexas y de la resolución final en el Pleno, el diseño de las definiciones, las excepciones y las competencias concurrentes definirá si las corridas de toros enfrentan un cerco normativo inédito o un margen de regulación diferenciada en el México contemporáneo.
Todo lo que necesitas saber antes de salir de casa
Las noticias más importantes de Jalisco, México y el mundo curadas por nuestro equipo de redacción para empezar tu día bien informado.
