CON LA VERIFICACIÓN OBLIGATORIA EN JALISCO TODOS QUIEREN TAJADA
Mucho se ha dicho en torno a la simulación (diseñada) por el ejecutivo estatal en Jalisco, respaldada en presuntos programas ambientales implementados desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estatal (SEMADET); es decir, uno de los proyectos más ambiciosos para la recaudación, justificado por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su titular de la SEMADET, Sergio Humberto Graf Montero, es la verificación vehicular obligatoria, en donde existen muchas irregularidades, mismas que van desde la manera en que se consiguieron los convenios con la empresa WEB (con sede en San Francisco California), quien recibe la mayor cantidad de los recursos, los cuales extraoficialmente superan los 5 mil millones de pesos (Los cuales aun se le deben).
Hasta los constantes actos de intimidación, hostigamiento, amenaza, corrupción y delincuencia organizada en la que incurren diferentes dependencias de los diversos niveles de gobierno; así lo denuncio ante los medios de comunicación, la señora Guadalupe Ríos Colmeneros una mujer de la tercera edad, discapacitada y quien desde hace más de 27 años inició un pequeño negocio de recolección de residuos industriales no peligrosos.
Sentada en su silla de ruedas, la señora Ríos Colmeneros, lamentó la manera en que las autoridades han operado en detrimento de la sociedad en general, ya que resulta ilógico que ante tanta inseguridad, policías y elementos de la guardia nacional se dediquen a «cazar» a los trabajadores recolectores (mal llamados chatarreros) y los obliguen a pagar la tarifa por haber sido detenidos con cualquier pretexto, 300 pesos cada vez que esto sucede.
«Tengo una pequeña recicladora y recolecto cartón, papel, Aluminio, chatarra y entro a las fabricas, antes nada más era llevarlas al mecánico, revisarlas y darles el mantenimiento, siempre lo hacía cada tres meses, ahora debo verificarlas; y aunque el mecánico me asegura que las camionetas se encuentran en perfecto estado y al momento de presentarlas a verificar, no pasan, no pasan y no pasan; me dicen que ahorita no hay multas pero agarran a mis muchachos a cada rato y hay tres o cuatro gobiernos, no es uno solo y como que tienen una tarifa, son 300 pesos cada que los agarran», señaló la afectada.
La mujer de la tercera edad, amputada de su pierna izquierda, humildemente clama, «no importa que cobraran esos 300 pesos pero que nos dejaran trabajar, a mi me están cerrando las puertas», y es que aunado a esta práctica irregular pero sistematizada, se agrega la tramitología que para desempeñar esta actividad, las autorizaciones pasan de una dependencia a otra, es decir; para poder ingresar a las empresas y recoger los residuos no peligrosos, la SEMADET debe autorizar a la empresa, previo cumplimiento de ciertos requisitos o criterios y posteriormente pasan esa autorización a la Secretaría de Transporte estatal para autorizar la circulación de las unidades, tramitología que desde tres décadas atrás nunca se realizaba, hasta ahora.
«Tengo un grave problema y me preocupa que por no tener esa verificación y los papeles que piden para realizar los otros trámites ya no me van a dejar ingresar a las empresas a trabajar, ese es mi gran problema, es un super problema y qué hago, cierro mi pequeña empresa, en 27 años nunca tuve ningún problema, hasta hoy con su mentada verificación controlada», lamentó la empresaria.
Alertó la afectada que son elementos de las corporaciones policíacas municipales de El Salto, Tlaquepaque y de la Guardia Nacional quienes constantemente se adjudican, usurpando el papel de agentes viales, la competencia para detener, revisar papeles, aplicar sus criterios sancionadores y establecer la tarifa (perdona vidas) contra los trabajadores de las recicladoras.
La septuagenaria, ante la indefensión que estos abusos de autoridad propician, hizo un cuestionamiento al gobernador del estado, Enrique Alfaro, «que me diga el señor gobernador, qué hago, cierro mi negocio y él mantiene a mi gente; era gente que estaba hundida en el vicio y yo los rescaté, son seis personas y yo ya no estoy luchando por mi, ya el tiempo que me queda me vale madre, pero ellos qué van hacer, acuden a mi cuando tienen un problema y me dicen señora me hace falta esto o aquello, los apoyo y les doy, no les cobro, les doy; señor gobernador ya no robe ni permita que lo hagan esos elementos uniformados, vea por la gente jodida y no solamente por usted, yo tengo seis gentes jodidas y ellos acuden a mi, me cae de a madre si el señor gobernador regala algo», cuestionó.
Adelantó que son muchos los recicladores que están padeciendo el hostigamiento y los abusos de estas autoridades y que no se han decidido a evidenciar esta situación, pero que en breve, si el gobernador Enrique Alfaro no pone fin a esta arbitrariedad, los atiende y resuelve, saldrán a las calles y harán lo que sea necesario para que todo mundo se dé cuenta de la clase de delincuentes incrustados en el gobierno de Jalisco.
