LOS VERDADEROS CULPABLES DEL MAL SERVICIO URBANO NO SON LOS TRANSPORTISTAS, ASEGURAN

“Despiadado terrorismo contra transportas del servicio público en el área conurbada de Guadalajara”

Por: Redacción/ TEN/ Empresarial

Como es de conocimiento público, en Jalisco, durante los últimos años los concesionarios del servicio de transporte público, se han convertido en “conejillo de indias” de las autoridades del Estado, esto, en razón de que los concesionarios han experimentado ideas infructuosas, principalmente las impuestas por la Secretaria de Transporte (SETRAN).

Enumerando algunas de ellas; al gobierno del Estado se le ocurrió implementar en el año 2019, el programa denominado Mi Transporte, en el cual, dizque para distinguir la política publica implementada al transporte en relación con anteriores administraciones, a este programa, Mi Transporte, lo hicieron consistir en, convertir a todas la rutas de transporte público en personas morales, pintaron los camiones de verde o rojo, y cambiaron la nomenclatura de las rutas, complicándole al usuario la identificación delas mismas, con lo cual, hacen muy poco recordables (algo que inclusive en psicología está reprobado) ejemplo de ello, es que de las cifras que eran simples como 320, 52, 110, etc; pasaron a t-16-b c02, t16-b c03, así también con su nuevo programa de transporte, a las autoridades se les ocurrió cambiar derroteros (los llamados anteriores) según ellos, para interconectarse entre el servicio masivo y el servicio colectivo, sin dejar de lado que el súper cambio radical lo fue implementar un sistema recaudatorio electrónico y ventajoso que no da cambio.

Por lo que con estos ajustes -dizque del nuevo programa de transporte-, solo ocasionaron mayos caos, ruina en el transporte, para el usuario un mayor gasto en su transportación, ya que dichos caprichos impuestos a los concesionarios solo ha logrado que las rutas de transporte sean menos eficientes, y esto se reflejas con la falta de unidades circulando en sus respectivos derroteros y en que cada vez, se vea que más rutas que se están extinguiendo o desapareciendo (algunas que mantenían una unidad en servicio como la antigua 174).

Aunado al acoso gubernamental e implementación de ocurrencias por parte del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, en conjunto con sus incondicionales de la Secretaria de Transporte (SETRAN), hacia los concesionarios del transporte, se suma también la Secretaria de Asistencia Social.

En dicha dependencia se encargan de distribuir a los beneficiados de sus programas, los pasajes de “descuento” a la tarifa del transporte público, anteriormente conocidos como transvales o bienevales, que hoy en día se entregan a través de una tarjeta electrónica a los beneficiarios.

Resulta que en la zona conurbada de Guadalajara, el costo de un pasaje en el transporte público cuesta 9.50 pesos, pero estos pasajes otorgados a (personas adultas mayores, estudiantes, mujeres y discapacitados), a los concesionarios solo se les paga un 50%, es decir, la Secretaria de Asistencia Social, entrega tarjetas de descuento a sus beneficiarios y por cada pasaje dicha dependencia solo paga 4.75 pesos a los concesionarios, y son estos burócratas, los que absorben el otro 50%.

Y no conforme con lo anterior, la Secretaria de Asistencia Social, no solamente se da el lujo de estar otorgando pasajes de descuento a sus beneficiarios, por solo la mitad del precio real del pasaje a costa de los concesionarios, si no que también, le entro al juego de arruinar a los concesionarios y también ahora ya  jinetea el dinero  a los transportistas, pues la Secretaria de Asistencia Social le debe a los transportistas, nada más por el periodo del 2 de febrero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 más de 121 millones de pesos, los cuales se niega a pagar, pese a que estos pasajes ya fueron otorgados por los concesionarios -algo así como que fueron gratis- ya que no se pagaron; la citada dependencia continúa otorgando más pasajes de descuento a sus beneficiarios, mientras empobrece y complica la economía de quienes tienen que invertir dinero de su bolsa para cumplir con una serie de condicionantes y requisitos obligatorios para otorgar el servicio, además de lidiar con los elementos de vialidad, quienes también buscan sacar ventaja de sus operativos.

Y por si eso no fuera poco, el terror priva entre el sector de los transportistas, ya que a últimas fechas, no solo estas dependencias estatales, los están desfalcando y acosando sino que ahora, se suma una dependencia federal a la vorágine, llegó el turno de sumarse a este terrorismo, la Fiscalía General de la República (FGR).

Actuando de manera premeditada, se presentan presuntamente con carpetas de investigación en mano, sin sustento ni causa y pese a no ser procedentes, y sin órdenes judiciales, arriban a los patios de encierro de la ruta que más se les acomode, las clausuran con el pretexto de, una investigación en contra de rutas, solo para presionar y también llevarse una rebanada del ya muy “raquítico pastel”.

Aunque los usuarios desconocen esta realidad, ellos siguen esperando que los transportistas, sigan haciendo magia, para mantener buenas condiciones las unidades y continuar brindando el servicio de transporte público urbano de pasajeros, a pesar de los múltiples acosos y violaciones en su contra, ya que, en estos tiempos de crisis económica e inflaciones por las nubes, donde todo sube día a día, como el diésel, llantas, refacciones, aceites, entre otros, y va más de un lustro que a los transportistas no se les otorga tarifa, ni un subsidio real al diésel para que pueda subsistir el servicio que otorgan.

Condiciones adversas de las que culpa al titular de la dirección general de transporte público en la Secretaria de Transporte de Jalisco, el Ing. Amílcar Arnoldo López Zepeda, un personaje que, contra toda lógica, de acuerdo a las leyes, no debería ostentar un cargo público ya que fue sentenciado en el vecino estado de Guanajuato por el delito de peculado.

¿Será por esto y otras cosas más que lo pusieron al frente de dicho cargo?, pese a tener que estar inhabilitado para realizar la función pública por el delito cometido.