CAMPECHANOS EXIGEN A AMLO «NO INTIMIDACIONES» POR DEFENDER SUS CASAS DEL TREN MAYA

En el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Campeche para supervisar los avances del proyecto “Tren Maya”, denunciamos la intimidación que hemos recibido por parte de personal de Fonatur y otras autoridades encargadas de la obra, así como de miembros del partido Morena y de particulares, por defender nuestras viviendas en los barrios La Ermita, Camino Real y Santa Lucía, todos en San Francisco de Campeche,
así como de la comunidad maya de Candelaria.
Desde el proceso electoral celebrado este año, miembros del partido Morena nos presionaron para que nos desistamos de algunos de los amparos que presentamos pare evitar ser desalojados forzosamente por el Tren Maya. En repetidas ocasiones indicaron que si no nos desistíamos de los amparos luego no se nos iba a dar una nueva casa como indemnización por el desalojo. Ese mismo mensaje nos ha llegado por personal de Fonatur y otras autoridades, quienes nos insisten en que si queremos negociar debemos primero desistirnos de los juicios de amparo.
De manera paralela, en diversas páginas de redes sociales han circulado ataques en contra de voceras de nuestra causa, acusándoles de recibir dinero de organizaciones de derechos humanos para confundir a la gente. Esta campaña de mentiras, así como de chismes que se han encargado de circular en nuestros barrios y comunidad, se acompañó de la filtración de datos sensibles en medios de prensa para estigmatizar y acusarnos de formar
parte de una conspiración contra el gobierno.
Debido a que nuestra lucha social y judicial ha logrado hasta ahora evitar los desalojos, las autoridades acuden ahora a la intimidación, llegando incluso a condicionarnos la entrada de programas sociales si no nos desistíamos de los juicios.

Sra. Guadalupe Cáceres Opositora del Tren Maya en Campeche.A esto se añade que el Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en uno de los amparos argumentando que nunca ocurrió el evento público en el cual el Presidente, los cinco gobernadores del Tren Maya y otras autoridades federales firmaron un conveniode colaboración para ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial de la región del Tren Maya. Durante el juicio, Sedatu, Fonatur, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
otras autoridades negaron que ocurrió dicho evento público para la firma del acuerdo, a pesar de que fue transmitido a nivel nacional y que presentamos como prueba tanto los comunicados de prensa de la Oficina de Presidencia y de la Sedatu, así como el video íntegro de la transmisión del evento. No obstante, el Juez en su resolución negó la suspensión argumentando que no demostramos que dicho evento había ocurrido.
Conforme avanza el tiempo hemos detectado una actitud aún más intimidatoria y de presión por parte de las autoridades encargadas del Tren Maya, quienes pretenden obligarnos a aceptar la pérdida de nuestro barrios y comunidades, ser relocalizados donde ellos nos indiquen y además decir que se trató de un acuerdo consensuado y pacífico.
Además, a algunos nos han dicho que sólo nos darían apoyos para construir las nuevas casas pero que los terrenos los tendríamos que conseguir nosotros.
Pedimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador que en el sobre vuelo que hará de las vías ferroviarias tome nota de que Candelaria y los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real no son invasiones sino zonas consolidadas que existen desde antes de la construcción de la vía del tren en los años 30. Las vías se construyeron indebidamente en nuestros barrios y nuestra comunidad.
Asimismo, le exigimos ordenar a las autoridades encargadas del Tren Maya que cesen la intimidación y la presión en nuestra contra. Responsabilizamos al Gobierno Federal, particularmente a Fonatur, de cualquier escalada en las intimidaciones y presiones que recibimos. Todo debate y cualquier comunicación o planteamiento puede hacerse de forma pacífica y sin intimidación.
Le exigimos también que reubique el trazo del Tren Maya para que no atraviesen nuestros barrios y comunidad, y así evitar que el proyecto genere un desalojo forzoso.