¿A QUIÉN LE IMPORTA EL GOBIERNO?

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Ha quedado claro que durante los últimos años para la sociedad no ha sido de interés, el gobierno y su contexto. Ya sea desde el municipal hasta el federal, han desatendido lo más importante de cualquier sociedad, como lo viene a ser la salud, la seguridad pública, la impartición de justicia por citar sólo algunos.

Existen, además, otros factores de menor importancia que, por esa misma razón, menos atienden, pero lo más lamentable es la indiferencia y la irresponsabilidad de quienes tiene a su cargo, la responsabilidad de lograr prevención del delito, pues sabemos perfectamente que, al interior de las policías, existen un buen número de elementos involucrados con la delincuencia organizada, sin que se haga algo al respecto para revertir tal realidad.

Otra realidad es que, poco o nada se hace por capacitar al personal adscrito a las instituciones de seguridad pública, de brindarles los instrumentos suficientes para ejecutar adecuadamente su función, sin importar el costo que ello conlleve, así tal cual se derrocha estrangulando la circulación en glorietas y avenidas con obras absurdas que atentan contra el peatón, agravan la contaminación y conllevan una evidente desatención de aquellos servicios públicos indispensables para la sociedad.

En el caso del estado de Jalisco, es sumamente grave, el autoritarismo del ejecutivo, quien se ha caracterizado por gastar de forma excesiva y desbordada en obras públicas, que no un rubro que, si de importancia se trata, esté por encima de la procuración y administración de justicia, pues el abandono en el que se tiene a este rubro, ha permitido el incremento de la impunidad, a grado tal que, ya sea el homicida más cruento, bien sea el ladrón o bien el extorsionador, todos ellos saben perfectamente que no hay autoridad.

El Fiscal del Estado y el gobernador, se atrevieron a informar a la ciudadanía sin argumento legal suficiente que, el homicidio de su antecesor estaba ya esclarecido, no obstante que el cargo del abogado del estado, aunque forma parte de ejecutivo, no es un subordinado conforme a la ley, pues su nombramiento le fue asignado por el Poder Legislativo, lo que también es otro escenario bien montado, mediante el cual, se inviste de legalidad los nombramientos asignados. Tal es el caso del Fiscal, los de Magistrados y los Consejeros, quienes resultan impuestos y no propuestos como lo marca la ley, actos que permiten evidenciar un sometiendo del Poder Judicial al titular del ejecutivo estatal.

Se volvió una constante en los últimos dos años, los casos de mujeres mendingando la justicia para la subsistencia de sus menores hijos, quienes acuden a juzgados por demás saturados de procesos, ante la falta de más órganos jurisdiccionales en la materia. la justicia dilatada no es justicia, además de contravenirse la Carta Magna que ordena que esta debe ser expedita y pronta.

La justicia federal perdió su calidad en todos los sentidos, desde hace varios años, sólo basta escuchar al ejecutivo federal, quien se atrevió a dejar un testamento político -según lo declaró la semana pasada- como si la ley le permitiera esa atribución, quedando claro que la legalidad no ha sido tema importante para nuestro actual presidente y menos aún, respetar la Constitución.

Los sectores de la sociedad, los intelectuales, el sector empresarial loss profesionistas, los padres y madres de familia, los jóvenes, éstos últimos para quienes hoy en día son más escasas sus oportunidades para realizarse en la actividad o profesión de su preferencia y como siempre suelo hacerlo, muy en lo particular, convoco al foro de abogados de la nación para hacer lo propio en aras de revertir la situación que, actualmente prevalece en nuestro país, pues somos los más responsables de la anarquía que prevalece actualmente.
Es el momento para que, de manera urgente asumamos nuestra responsabilidad, pues es un deber de todo mexicano bien nacido, cumplir con un deber civil que tenemos de servir a nuestra patria y restablecer el orden legal, ausente desde hace ya un par de años.