«CAÍN V.S. ABEL» NUEVO GIRO EN EL CASO LECHERA GUADALAJARA.
El Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Jalisco, decidió admitir la apelación que se hizo valer contra las medidas cautelares que afectan el caso Sello Rojo por los actos corruptos del Juez Séptimo Mercantil Juan Pablo González Magaña, quien arbitrariamente expulsó de la empresa a los accionistas mayoritarios del Consejo de Administración para entregársela a Abraham Kunio y Rubén Masayi González Uyeda. De esta forma ahora el caso Sello Rojo está en la cancha de la Octava Sala del Supremo Tribunal, pues el día 24 de septiembre del año en curso se admitió el recurso de apelación que se interpuso contra las citadas medidas cautelares.
González Magaña se entrometió de manera ilegal en las decisiones de la empresa Sello Rojo el pasado mes de julio del año en curso, al emitir “medidas cautelares” para arrebatar de sus derechos y expulsar a los socios quienes dirigían la empresa en esos momentos. Al conseguir el control de la empresa Abraham y Masayi González Uyeda realizaron al menos 2 asambleas irregulares sin la presencia de los socios mayoritarios, en las que se modificaron los estatutos de forma grave, lo que abriría la puerta a su intento de vender la empresa, en grave perjuicio y total desacuerdo con los socios mayoritarios.
Ante las evidentes ilegalidades, el Supremo Tribunal de Justicia admitió el recurso legal y turnó el caso para su revisión a la Octava Sala Mercantil, lo que significa que por lo pronto, el Juez Séptimo no podrá meter mano en el asunto que ya está siendo revisado en esta segunda instancia.
Lo que harán los integrantes de la Octava Sala Especializada en Materia Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, es resolver si el Juez actuó de forma irregular y si se excedió en sus funciones, por lo que el fondo de la disputa que ha generado una seria crisis en la emblemática lechera jalisciense está por resolverse, pero ya sin la intervención de González Magaña, quien ha sido señalado de corrupción por los afectados.
El día 29 de julio, alrededor de 40 hombres armados, algunos de ellos civiles, y otros policías del Estado de Jalisco, tomaron las instalaciones de Sello Rojo y a partir de ese momento se impidió el acceso a sus dueños en un acto totalmente ajeno a derecho. Ahí comenzó un proceso de desmantelamiento al que está siendo sometida Sello Rojo y que hasta la fecha ha provocado el cierre de centros de distribución en Acapulco, Saltillo y Querétaro y la pérdida de más de 320 puestos de trabajo.
La Octava Sala Especializada en Materia Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia
