
INDÍGENAS DE VERACRUZ ALERTAN DIVISIONISMO PREMEDITADO POR AUTORIDADES
Por: Redacción/ TEN/ Región
La comunidad chinanteca asentada en el Valle de Uxpanapa ha alzado la voz para denunciar una estrategia orquestada desde las estructuras oficiales que busca socavar su autonomía y usurpar su proceso de autodeterminación.
A través de un pronunciamiento emitido por el Comité de Seguimiento del Plan de Justicia para Consolidar la Nación Chinanteca, los habitantes de esta región señalaron un presunto contubernio entre el Ayuntamiento de Uxpanapa y la delegación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encabezada por Magdalena Hernández Hernández, con el objetivo de legitimar mediante la coacción iniciativas que carecen de respaldo popular.
El núcleo de la denuncia apunta a una práctica sistemática de presión sobre agentes y subagentes municipales, así como sobre diversas autoridades comunitarias, a quienes se les estaría forzando mediante métodos de coerción política a entregar firmas y sellos oficiales.
El propósito de este despliegue, según sostienen los afectados, es avalar proyectos e iniciativas que nunca fueron consultados ni aprobados en asambleas, contraviniendo los principios básicos de participación indígena y los derechos colectivos protegidos por los marcos legales nacionales e internacionales.
Para la comunidad chinanteca, este actuar conjunto entre la autoridad municipal y la representación del INPI representa una intervención directa y malintencionada que busca fragmentar el tejido social y dividir a los pueblos que durante más de cinco décadas han luchado por el reconocimiento pleno de sus derechos y la justicia social en esta zona del sur de Veracruz.
El Plan de Justicia para Consolidar la Nación Chinanteca, presentado como un instrumento nacido legítimamente de diagnósticos, foros y acuerdos colectivos construidos desde la base, se ve ahora amenazado por lo que los integrantes del Comité califican como un intento de apropiación indebida. Al pretender manipular este proceso histórico para fines ajenos a los intereses de sus verdaderos dueños, las autoridades señaladas estarían vulnerando la integridad del movimiento.
La condena de la comunidad es tajante al rechazar cualquier acción que busque suplantar la voluntad colectiva, exigiendo el cese inmediato de las maniobras de división y el respeto irrestricto a la soberanía de las comunidades que, a través de sus asambleas, son las únicas facultadas para determinar el rumbo de su propio desarrollo y bienestar.