LOS VERDADEROS CULPABLES, HAY DE CAFRES A CAFRES «CERTIFICADOS».

Resulta casi increíble la manera en que para algunas situaciones (echos aislados), los personajes encumbrados en el servicio público de diversas dependencias gubernamentales en Jalisco, incluso los del poder ejecutivo; toman «cartas» en dichos problemas a fin de justificar su propia responsiva.

Y lo vimos con el caso de la tristemente celebre «procesión» de cadáveres errantes, donde quedó demostrado aquel dicho popular que versa, «el hilo siempre revienta por lo más delgado», y donde los empoderados cortaron toda implicación acallando los señalamientos que el  hoy, ex titular del Instituto de Ciencias Forenses IJCF, Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal y «disolviendo» todo lo que «oliera» a él.

Sin embargo, la practica sistemática de los empoderados, continúa funcionando como un verdadero escudo de la incapacidad e ineptitud de los poderosos; otro de los casos que obligó tomar medidas drásticas y ejemplares ante la sociedad fue la reciente muerte de una estudiante de la Universidad de Guadalajara, provocada por una unidad de transporte público de la ruta 275-F.

Y es que ante la inmediata manifestación orquestada por la máxima casa de estudios, el titular de la Secretaría de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, anunció la revocación de las concesiones para esa ruta, y con ello aplacar las voces de repudio y crítica por el pésimo servicio que en general brinda el sistema «certificado» de transporte.

Es aquí donde nos cuestionamos, y las demás víctimas que el transporte público ha provocado, son diferentes a los estudiantes de la UdeG, son ciudadanos de segunda o menos importantes para el gobierno de Aristóteles Sandoval; son las preguntas que resultan.

El lamentable acontecimiento de la estudiante solamente es uno de los muchos acontecimientos fatales que por consecuencia de la ausencia de autoridades, de un planeamiento profesional, aplicación de ocurrencias recaudatorias y políticas públicas fallidas y actitud empresarial de las dependencias de gobierno y no de servicio; que han generado estos funestos resultados.

Como si con la revocación de la concesión en una ruta fuera la solución de tajo, como si no hubiera nombres de los verdaderos responsables, «irresponsables» de hacer un trabajo como «servidores» públicos, NO empleados serviles del sistema.

Si esta medida aplicada por Sepúlveda y su séquito de incondicionales, fuera la única opción para «meter» en cintura al sector transportista, «Ya no tendríamos unidades circulando en las calles» y es que históricamente los registros demuestran que la mayoría de las rutas en algún momento se han visto involucradas en hechos funestos.

Pero bueno, las víctimas cayeron y sus familiares callaron; las autoridades se fueron y las unidades pagaron. Pero no a los deudos sino a las dependencias que son las principales causantes de lo que se vive en las calles de una gran metrópoli como lo es Guadalajara.

Donde las imposiciones legales y otras ocurrencias de los funcionarios en turno, propician que la sociedad sea una victima latente, en todo momento; ya que al ellos implementar programas de certificación, operativos sorpresivos, imposiciones recaudatorias disfrazadas de «mejora», no solamente han desencadenado que ahora más que antes, los transportistas busquen recuperar todo lo que las autoridades les han exprimido de sus bolsillos.

Y donde los ciudadanos de a píe, usuarios y todos aquellos que tienen la necesidad de utilizar una unidad de transporte, «arriesgándose» a convertirse en estadística mortal, no tienen otras alternativas; los accidentes continúan a diario, las corretizas por el pasaje de igual manera, el pésimo servicio se ha incrementado, los derroteros se han recortado, las simulaciones de mejoría y cumplimiento nada más de apariencia, pero lo más importante el NEGOCIO al igual que las funciones de teatro, debe continuar.