A DOS AÑOS OTRO HOMICIDIO IMPUNE
Por: Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal*
El día de ayer, domingo 18 de diciembre, se cumplieron dos años del crimen en que fue víctima el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a la fecha las autoridades en turno han manifestado públicamente que ese crimen ha quedado esclarecido, porque así lo dan entender los mandos encargadas de la procuración de justicia, en voz del gobernador, que públicamente así lo ha afirmado, sin que a la fecha exista tan siquiera uno solo de los que pudieran estar involucrados en la preparación y ejecución de tan artero crimen, en un hombre joven con futuro y con una trayectoria exitosa en el terreno de la política, quedando este crimen, como los de todos los días, en la más evidente impunidad, ya que además de no conocer cabalmente las circunstancias anteriores y posteriores a la ejecución del homicidio, sino una serie de justificaciones, valga la redundancia, sin justificar, para dar por agotada la investigación de tal homicidio, solamente el nombre del supuesto esclarecimiento, se dice por las autoridades, que ese homicidio esta esclarecido, para quienes tienen un dedo de inteligencia y el más elemental conocimiento del derecho nos queda de manifiesto que este homicidio, lamentable como todos los demás que se comenten todos los días, así como los desaparecidos, quedara también en la constante impunidad que vivimos y padecemos en todo tipo de delitos toda la sociedad jalisciense.
Lo más lamentable es la infame impunidad de que gozan los encargados de garantizarnos la seguridad en nuestra persona y en nuestros bienes, en nuestra salud y demás factores de la vida cotidiana, toda vez de que, como es el caso de la Fiscalía anticorrupción, que es un instrumento para perseguir selectivamente a quienes el actual gobierno decide se les impute y se les procese criminalmente, hayan o no cometido delito alguno, pero no obstante de que en el Código Penal del Estado, está sancionado los actos de abuso de autoridad y es el caso, entre otros tantos, el de que exista una persona desempeñándose como magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia, sin tener el respectivo nombramiento, que solamente tiene la facultad para otorgarlo el Congreso del Estado y no obstante ello, sin atribuciones, por un acuerdo plenario, se le permite a dicha persona desempeñar ese cargo, que igual que los integrantes del Pleno están incurriendo en ese ilícito de abuso de autoridad ya que el tipo se da cuando se designa alguna persona a desempeñar una función sin tener facultades para ello, así como el que la realiza a sabiendas de que está impedido para hacerlo por carecer de nombramiento de la instancia correspondiente, que como este caso, existe el de la designación de tres de los integrantes del Consejo de la Judicatura, que no obstante de no haber reunido los requisitos de ley y de haberse presentado una denuncia ante tal Fiscalía de anticorrupción, su titular solamente persigue a aquellos que le ordenan busque la manera de imputarlos y que los jueces igualmente, como ya se ha dicho, sometidos al Ejecutivo, con la más absoluta arbitrariedad imputan y persiguen a ciudadanos aunque no exista razón legal para ello.
¿Hasta cuándo pueblo? Vamos a seguir soportando a estos representantes populares que solamente medran con el erario público en agravio de toda la sociedad.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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