DE LA ALTA GRACIA A LA ALTA DESGRACIA DADIVOSA OFICIAL
“Maíz y Conflicto: ¿Crisis sembrada o cosecha de intereses? un acuerdo que No disipa las sombras”.
Por: Vigaro/ TEN/ Opinión
La crisis que ha llevado a productores de maíz a bloquear carreteras en el occidente y bajío mexicano, exigiendo precios justos para su cosecha ante el desplome del mercado internacional, revela más que una simple coyuntura económica.
El conflicto, que ha puesto a prueba la estabilidad social y la capacidad de respuesta del gobierno, desnuda la tensión estructural existente entre los intereses de los agricultores y el poder de las grandes corporaciones agroindustriales.
Tras semanas de protestas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), anunció este miércoles un acuerdo con los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Si bien este pacto paliativo promete un respiro inmediato, con un apoyo directo de 950.00 pesos por tonelada y la promesa de un nuevo andamiaje de mercado; la sombra de la especulación y los señalamientos de conflicto de interés en el círculo de poder ensombrecen el panorama y anticipan un posible impacto directo en el consumidor final: el ciudadano que compra tortillas.
Los Vínculos Peligrosos y la Sombra de MINSA
El punto de mayor fricción y el motor de la crítica periodística reside en los señalamientos directos hacia la empresaria Altagracia Gómez Sierra, asesora económica clave en el entorno de la mandataria Claudia Sheinbaum.
La narrativa de los productores y sus críticos apunta a que la reticencia inicial del gobierno a aumentar el precio de garantía solicitado se habría fundado en la necesidad de proteger las ganancias de la industria de la masa y la tortilla, que se vería obligada a pagar precios más altos por la materia prima.
El conflicto de interés se intensifica al señalar que Gómez Sierra es propietaria y directora del consejo directivo de MINSA (Maíz Industrializado), una de las principales empresas afectadas por cualquier medida que incremente los costos de adquisición del maíz.
La acusación es contundente: el gobierno de Sheinbaum habría priorizado los intereses empresariales de su cercana colaboradora sobre la justicia económica para miles de campesinos. Esta percepción de favorecimiento y conflicto ético es un corrosivo para la confianza pública y subraya la especulación de que el poder político está al servicio de la élite empresarial.
El Acuerdo de la SADER: ¿Solución o Parche?
El acuerdo anunciado por el Secretario de SADER, Julio Berdegué, busca desactivar la crisis con medidas en cuatro ejes:
- Apoyo Económico Directo: Un subsidio de $950 por tonelada para productores con hasta 20 hectáreas.
- Ampliación Crediticia: Inclusión de productores de maíz al programa ‘Cosechando Soberanías’ con tasas preferenciales.
- Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado: Creación de un marco jurídico para definir precios de referencia y reducir la intermediación.
- Mesas de Diálogo: Para acordar precios justos y priorizar la compra de la cosecha nacional.
Si bien la liberación de las carreteras es un resultado inmediato y positivo, este acuerdo puede interpretarse como una simulación de justicia y una solución temporal. El apoyo directo es una ayuda asistencialista ante una crisis de precios internacionales (un excedente histórico global de 1,300 millones de toneladas), pero no aborda de fondo la vulnerabilidad estructural del productor frente al comprador industrial.
El verdadero reto y la clave de la futura especulación es el anunciado Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado. Si este sistema no establece mecanismos de precios que realmente equilibren la balanza entre la rentabilidad del campo y el margen de la industria, las promesas de «precios justos» quedarán en letra muerta. La existencia de Altagracia Gómez en un puesto de influencia clave dentro del gobierno arroja serias dudas sobre la neutralidad y la fuerza regulatoria que tendrá este nuevo sistema.
La Especulación y Simulación: El Efecto Dominó en el Consumidor
La simulación de una solución de fondo y la especulación inherente a la concentración de poder empresarial en la esfera gubernamental tendrán una repercusión inevitable en el consumidor final.
- Especulación y Aumento de Precios en el Consumo
Si el nuevo sistema de precios no logra presionar a la baja las ganancias industriales y solo traslada marginalmente el costo de la ayuda al campo, la industria de la masa y la tortilla podría argumentar un incremento en sus costos operativos (aun con el subsidio gubernamental de por medio) para justificar un aumento en el precio de la tortilla.
- El Engaño del Costo: La industria podría exagerar el impacto del precio base del maíz nacional para generar una espiral inflacionaria artificial en el producto final, trasladando el «sacrificio» no a sus márgenes, sino al bolsillo del ciudadano.
- Acaparamiento: Ante la incertidumbre o la posibilidad de futuros ajustes, las grandes empresas pueden optar por acaparar el maíz o utilizar estratégicamente las compras de grano importado (que sigue siendo más barato por la coyuntura internacional) para mantener a raya los precios del grano nacional, debilitando el efecto del apoyo gubernamental y manteniendo bajo el precio al productor mientras elevan el precio de la tortilla alegando «costos elevados».
- La Simulación y la Calidad de Vida
La simulación de un acuerdo justo, si es que el conflicto de interés impide una regulación real, significa que la inestabilidad del campo persistirá. Productores sin rentabilidad a largo plazo dejarán de sembrar maíz, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de México.
- Dependencia Externa: Al depender cada vez más del maíz importado (barato por el excedente global, pero volátil a la geopolítica), México se expone a futuras crisis de abasto y precios.
- Precio vs. Subsidio: El consumidor pagará dos veces: una en el mostrador por la tortilla encarecida bajo el argumento de costos, y otra a través de sus impuestos, que financian el apoyo directo de $950 por tonelada para evitar el colapso del campo.
La crisis del maíz es un recordatorio de que la economía no opera en un vacío. Cuando los intereses corporativos se entrelazan con el poder político, la búsqueda de soluciones justas para el ciudadano y el productor se vuelve una negociación sesgada. El acuerdo de la SADER es una tregua, pero la verdadera batalla por la justicia en la cadena productiva del maíz y el olvido a la protección del consumidor apenas comienza.
Finalmente, llama la atención que el “acuerdo” concretado por el gobierno mexicano y los representantes de los agricultores, durante la madrugada del miércoles 29 de octubre, se alcanzó en el marco de la visita del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Qu Dongyu, quien fue atendido en el meteplante ancestral, ubicado en Españita, Tlaxcala, recientemente nombrado Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM por sus siglas en inglés) por la FAO.
Un “museo vivo”, a decir de Berdegué, que alberga 140 especies nativas de maíz, incluidas 40 locales, un mosaico de terrazas con maíz, agave, frijol, calabaza y plantas silvestres cultivadas en México desde hace más de 3 mil años.
Quizás y solamente quizá, se le dio al visitante la mejor versión de la historia que precede la triste realidad que se vive actualmente en el campo mexicano.
