EN CASO TEUCHITLÁN OMISIÓN, NEGLIGENCIA Y COLUSIÓN
Por: Dolores Casas/ TEN/ Opinión/ Parte Policíaco
Aparador Político: El fiscal de la República, Alejandro Gertz fue contundente al advertir que en Caso Teuchitlán hay omisión, negligencia y colusión por parte de Alfaro y Lemus
FISCALÍA DE JALISCO, EN LA MIRA
La fiscalía General de Justicia de Jalisco está en la mira por el Caso Teuchitlán y aunque su fiscal, Salvador González de los Santos, se siente inocente por el hallazgo delo que se ha llamado por los colectivos de búsqueda como un campo de entrenamiento y exterminio, en donde encontraron cerca de 200 pares de zapatos y decenas y decenas de prendas de vestir, mochilas y maletas.
Omisión y negligencia. Pero lo cierto es que tanto Salvador González y Joaquín Méndez Ruiz son igual de responsables por esconder un centro de delincuencia del crimen organizado, específicamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
EN LA MIRA POR COLUSIÓN
Al fiscal general de la República, se le cuestionó tajante por lo ocurrido en el Rancho Izaguirre: “¿Se puede decir que había colusión?” y antes de terminar la pregunta, Alejandro Gertz Manero respondió: “Obviamente, eso es evidente” y añadió: “Eso lo dicen los propios testigos, no lo digo yo”. Y aquí es colusión con quiénes, fácil de responder entre los titulares de la Fiscalía de Justicia de Jalisco con el cartel de las tres letras. De entrada, se sabe que en la mira de la FGR están no solamente los primeros respondientes, sino tendrán que responder por la negligencia y la omisión en el Caso Teuchitlán Joaquín Méndez y Salvador González.
CIEGOS Y SORDOS
Ahora se sabe que luego del 20 de septiembre del 2024 –cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron al Rancho Izaguirre en cumplimiento de una denuncia anónima asegurando un centro de adiestramiento, donde detuvieron a diez delincuentes y rescataron a dos secuestrados- las autoridades jaliscienses tanto de Enrique Alfaro como de Pablo Lemus y especialmente sus fiscales no llevaron a cabo su trabajo para resguardar la escena del crimen y prefirieron no ver y no oír, en otras palabras optaron por ofrecerles impunidad a los delincuentes del CJNG.
NI SIQUIERA HUBO UNA INSPECCIÓN
En el primer informe que presentó al fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, con la misma información que entregó a medias la Fiscalía de Justicia de Jalisco, quedó en claro que al entregar el resguardo del rancho de La Muerte a las autoridades estatales ni siquiera hicieron una inspección exhaustiva del lugar. Ésta se hizo hasta el 5 de marzo cuando Guerreros Buscadores entraron en el lugar. Es poco creíble que las autoridades no encontraran nada, a lo mejor pesó más desdén por cumplir con su obligación con la justicia o fue una acción premeditada para ofrendar protección a quienes operaban el campo de concentración.
ALFARO Y LEMUS, RESPONSABLES
Quedó al descubierto que las autoridades jaliscienses ni siquiera resguardaron el Rancho Izaguirre pese a las evidencias de los delitos. El sitio del Caso Teuchitlán permaneció por seis meses en el limbo en tanto las evidencias del crimen se estaban desvaneciendo. Como Pilatos, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro se lava las manos al señalar: “Fue antes de que nosotros entráramos al gobierno”. Tiene razón, pero fueron solo diez días antes que él juramentara cumplir y hacer cumplir la Constitución, es decir del 20 al primero de octubre el responsable del resguardo era Enrique Alfaro y a partir del primero de octubre a la fecha el responsable es él. Lo que queda claro es que el gobierno actual va a tratar de lavarse las manos y desviar la responsabilidad al pasado.
LAS IRREGULARIDADES
El primer informe de la FGR advierte de las irregularidades: No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados. No se dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. No se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión en propiedad del inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, el secretario general y de seguridad pública de Teuchitlán sobre prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas.
NO HAY NADA DE NADA
Y no queda duda que las autoridades locales de Jalisco durante seis meses, tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, no hicieron nada de nada. Gertz Manero fue categórico al exhibir al gobierno jalisciense y sus fiscalías advirtiendo que nunca investigaron los vínculos que podría haber entre autoridades locales y los cárteles delictivos que operan en la región, pese a que existen declaraciones por parte de personas sobrevivientes. Y además no tienen dictamen que indique la antigüedad e identidad de los restos encontrados, ni con análisis físicos y químicos que vinculen las zanjas con actividades crematorias. Lo que sí es certero es que el sitio del Caso Teuchitlán quedó en estado de abandono, sin ninguna protección, pese a que fue asegurado.
POLICÍAS DE TALA, ¿LOS CULPABLES?
Tal parece que para las autoridades de Jalisco ya hay culpables y se trata del caso de los policías de Tala que en octubre del 2024 se les acusó de desaparición forzada. Había órdenes de aprehensión contra elementos y solo está uno detenido y dos siguen en fuga. En fin, el fiscal Salvador González de los Santos le informó al Fiscal de la República que estos policías operaban en el rancho de La Muerte, de acuerdo a testimoniales de otras carpetas de investigación que indicaban que fueron llevados a ese sitio. El fiscal cuestionó el por qué no fueron integradas estas declaraciones a la investigación del Caso Teuchitlán.
JALISCO OBLIGADO A EL EXPEDIENTE
Luego que Alejandro Gertz apuntara contra Jalisco por el Caso Teuchitlán, el fiscal local Salvador González de los Santos salió a dar la cara con un habrá “apertura y voluntad” y dijo que, por recomendación de su jefe, el Gobernador, entregarán todo el expediente a la Fiscalía General de la República para al fi atraiga la investigación.
