JALISCO, UNA VERGÜENZA
Este mes se cumplió un aniversario más de la creación del Poder Judicial del Estado y ciento once años del inicio de la Revolución Mexicana. Ambas son fechas históricas que, tuvieron un costo muy alto para que Jalisco lograra constituirse en un estado.
Con el paso de los años, han sido muy diversos los temas por las cuales Jalisco logra acaparar la atención nacional e internacional, algunos de ellos dignos de presumir, pero tristemente, una mayoría de esos temas conllevan que, nos sintamos avergonzados por ser estelares en temáticas tan lastimosas para nuestra sociedad.
Para quienes ostentamos la profesión de abogados, sabemos que Jalisco ha sido tierra de grandes juristas, como don Mariano Otero, don Ignacio Luis Vallarta, don Julio Acero Cruz, don León Aceves Fernández, don Carlos Hidalgo Riestra, Mariano Azuela señor, por citar sólo algunos , quienes si volvieran a nacer, seguro estoy de que, se volverían a morir, al percatarse del desastre jurídico y social en el que vivimos los jaliscienses, dada la ausente procuración de justicia, aunado a la retrógrada administración de justicia que padecemos.
Desde hace varias administraciones, la procuración y la administración de justicia se encuentra en total abandono; sin embargo, ese olvido se ha acentuado más en la presente administración. Es incuestionable la existencia de la corrupción económica que se vive al interior de todas las instituciones públicas, aunado a que, la actuación de quienes las representan y presiden, deja mucho qué desear, dado que se volvió una mala práctica que, el sentido de su proceder, está sujeto o se condiciona a la dádiva.
Tratándose del derecho penal y su procedimiento, los servidores públicos contribuyen sobremanera para que, el recorrido que deberá seguir todo justiciable, se torne un calvario, por lo que, posterior al calvario que ya padecieron a manos de la delincuencia, deben padecer la dilación en los procesos y la infinidad de obstáculos con los que se encontrará ya situado al interior de cualquiera de las agencias del ministerio público de las que se integra la Fiscalía, cuyo personal se caracteriza por obstaculizar el debido proceso, siempre en perjuicios de las víctimas u ofendidos.
Desde antes de la pandemia, ya percibíamos la necesidad de que, se establecieran mecanismos al interior de juzgados, agencias del ministerio público y otras tantas dependencias públicas, mediante los cuales, el procedimiento que reviste a todo proceso, se agote de una manera mayormente práctica y con mayor celeridad.
